Resulta cada vez más común escuchar la palabra colusión, y quienes las cometen cada vez lo hacen con mayor descaro. Aumentan los precios de productos y servicios y lucran obscena e indiscriminadamente y nadie hace nada. Los parlamentarios más preocupados de sus propias reelecciones que del bien común, y un gobierno de salida, que resultó ser el peor de la historia, son el caldo de cultivo ideal para que estos delincuentes de cuello y corbata nos roben a manos llenas sin límites.
En 2017, Brink´s y Prosegur comenzaron a armar el engranaje del cartel que fue descubierto por la FNE 24 meses más tarde. En julio de ese mismo año, ambas empresas definieron sus precios respecto de un proceso de contratación iniciado por C.C. Los Héroes. Y entre agosto y septiembre, discutieron y coordinaron sus tarifas para enfrentar el proceso de contratación de Banco Estado. Luego incorporaron a Loomis, y a través de mensajes de WhatsApp, los tres altos ejecutivos locales acordaron discutir los detalles de la operación reuniéndose en el restaurante Nolita en Isidora Goyenechea a comer, como también tomando café en el Starbucks. En una ocasión se juntaron en el hotel Atton de Las Condes con los dos gerentes Latam, de Loomis y Prosegur. Para diciembre de 2017 completaron la planilla Excel, llamada “tarifas”, donde registraban sus servicios. Más tarde se creó otro documento, “MKT ATM”, que servía para ver los precios de su línea de negocios ligada a cajeros automáticos. Incluso, los involucrados se reunieron en el domicilio particular del alto ejecutivo de Brink’s, Alberto Bálsamo. Y, a mediados de 2018, crearon la planilla “MKT BB”, para las próximas contrataciones de bancos BCI, Falabella, Ripley y Security.
Pese a que la batalla por la colusión de Loomis, Prosegur y Brink´s en el mercado del transporte de valores recién comienza, a primera vista se encamina a convertirse en un caso emblemático. En efecto, esta podría ser la primera vez que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) pida cárcel efectiva para delitos de cuello y corbata bajo la nueva normativa vigente desde 2016, ya que el cartel operó entre 2018 y 2019. Ahora, todo dependerá de cómo el organismo persecutor juegue sus cartas en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), un litigio que, por su nivel de dificultad, por lo bajo durará unos cinco años, estiman en la industria. De acuerdo a la legislación actual, el Fiscal Nacional Económico tiene discrecionalidad para interponer querellas, pero debe hacerlo hasta seis meses después de tener una sentencia definitiva que condene al cartel por parte de la Corte Suprema. Si no lo hace, debe emitir una decisión fundada. Pero si accede, tiene que cumplir con una serie de criterios que están definidos en la Guía Interna para la Interposición de Querellas por el Delito de Colusión. Entre ellos se cuentan: afectación masiva a la población; que los efectos económicos sean de magnitud considerable para provocar un impacto sistémico en los mercados; que la conducta afecte servicios de consumo masivo o de primera necesidad, entre otros.
Espero de verdad que estos delincuentes no terminen en clases de ética… como otros.