Por mensaje del Ejecutivo, en Boletín N° 13.815-05, se ingresó a tramitación un proyecto de ley que fortalece la descentralización financiera de los gobiernos regionales, establece normas sobre responsabilidad fiscal y crea determinados fondos para ser administrados por los entes subnacionales.

La idea rectora de dicho proyecto de ley, es regular una serie de aspectos relacionados con los recursos con que contarán los gobiernos regionales para ejercer sus funciones, pero donde se estarían entregando tareas a la figura del delegado regional presidencial, que son una intromisión injustificada a las materias que son de conducción del gobierno regional, relegando sus atribuciones, por lo que dicho proyecto de ley contradice la noción misma de descentralización.

Así, por ejemplo, en el texto en tramitación se propone la intervención del delegado presidencial y seremis en el anteproyecto regional de inversiones (ARI), que en la actualidad es conducido por el gobierno regional. Más aún, a pesar que este anteproyecto debe ser elaborado por el Gobierno Regional, la propuesta indica que los ministerios deberán proporcionar al delegado presidencial, a sus secretarios regionales ministeriales, y a los jefes de servicios y directores regionales, y no al gobernador regional, orientaciones e información necesarias relativas a las inversiones y actividades a ejecutar en la región en el año siguiente.

También se subordina la resolución de diferencias entre el gobierno regional y algún ministerio en la formulación de los respectivos presupuestos, a la Subsecretaría Regional de Desarrollo Regional y Administrativo, es decir, a un ente que forma parte del mismo Gobierno Central, del cual dependen los ministerios con que se tiene la disputa.

Algo similar acontece, cuando entrega al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y al Ministro de Hacienda, el procedimiento de elaboración del anteproyecto regional de inversiones, la forma en que ejercerá la coordinación el delegado presidencial regional, las etapas y los plazos que correspondan, y demás disposiciones que sean necesarias para su implementación. En otras palabras, el gobierno nacional establece las reglas en que debe operar el gobierno regional, lo cual, a todas luces, atenta contra la autonomía que se dice debe inspirar la nueva normativa y genera una intromisión innecesaria.

Somete también al gobierno central la remisión del presupuesto regional a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, y el Ministerio de Hacienda, lo que resulta inoficioso, en tanto el Gobierno Regional como órgano independiente del Gobierno Nacional, puede perfectamente canalizar su propuesta presupuestaria.

De la sola lectura del texto del anotado boletín N° 13.815-05, es claro que se está poniendo un freno al actuar que pueden tener los gobiernos regionales, disfrazado de “fortalecimiento de la descentralización financiera”, de lo cual el proyecto de ley carece.