Lo que se inició como un procedimiento por violencia intrafamiliar (VIF) concluyó con un funcionario de Carabineros agredido con un hacha. Aunque la Fiscalía pidió que el presunto autor fuese enviado a la cárcel, el tribunal le impuso el arraigo regional por ser paciente psiquiátrico.

Los hechos ocurrieron en una parcela de Pampa Redonda. Pasadas las 19 horas la madre del imputado –que tiene 75 años– escuchó ruidos afuera de su casa. Se trataba de su hijo, que tenía una orden de alejamiento hacia ella e impuesta por el Juzgado de Familia.

El hombre ingresó con patadas a la puerta del domicilio y habría amenazado de muerte. La madre llamó por teléfono a su hija, quien concretó la denuncia a Carabineros.

Los funcionarios llegaron pasadas las 20 horas. Registraron el inmueble junto a la denunciante y su pareja, pero no había rastro del imputado.

El recorrido concluyó en una bodega. Aunque estaba cerrada con candado, una de sus ventanas lucía fracturada. Al interior se escondía el procesado, quien se negaba a salir de la dependencia: “Los voy a matar al que entre”, dijo según el parte policial.

La víctima trajo las llaves del candado y Carabineros ingresó. De acuerdo a la denuncia, el imputado tenía un hacha y un martillo en cada mano. Como reiteraba sus amenazas, un cabo desenfundó su arma de servicio y –mientras lo apuntaba– le instó a que soltase las herramientas. El sujeto hizo caso omiso y arrojó el hacha contra el tórax del funcionario, quien no resultó lesionado porque tenía su chaleco antibalas.

Ayer el individuo quedó a disposición del Juzgado de Garantía. El Ministerio Público le comunicó que sería investigado por amenazas contra Carabineros y maltrato de obras, además de amenazas contra su madre y desacato.

La defensa solicitó que la causa quedase suspendida por los problemas de salud mental que aquejan al imputado. El Servicio Médico Legal se habría pronunciado sobre la situación en causas anteriores.

El tribunal accedió a suspender el procedimiento. Ofició a la unidad psiquiátrica del Hospital Clínico de Magallanes para que atiendan al procesado y se enviaron los antecedentes al SML. Además instruyó que se asigne un curador ad litem de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ).

De todos modos, el juzgado impuso el arraigo regional y una nueva prohibición de acercamiento a la madre.