Las diferencias marcadas en cómo se envejece estando en una sociedad o en otra, es parte de las asimetrías que apuntan a las grandes desigualdades sociales en las diversas regiones del mundo.

Ciertamente, Chile no está en aquel grupo de países que el envejecimiento se asocia a calidad de vida y dignidad. Los candidatos de primera vuelta y los del balotaje tienen algo en común: han reducido el problema de la vejez a pensiones, variable que sin duda es gravitante al momento de visualizar un camino que entregue aportes económicos a millones de chilenos.

Nuestra realidad nacional es paradojal, por una parte, los logros económicos y socio-sanitarios alcanzados colocan a Chile entre los países de altos ingresos, pero, por otro lado, persisten importantes desigualdades en la distribución del ingreso, lo que impacta negativamente en los indicadores de salud y calidad de vida de las personas mayores. Sin tener a la vista la desigualdad persistente que existe en el país, la condición de vida de la población adulta mayor no puede entenderse y menos diseñarse políticas públicas en torno a ella.

La cifra de personas sobre los 60 años está cercana a los 3 millones de personas. Un porcentaje no menor de ellas vive en condiciones de alta vulnerabilidad social, no solo por aspectos de derivados de pensiones indignas, también lo son producto de que un porcentaje importante de ellos viven en el abandono, soledad y sufriendo maltrato. El abandono severo para este sector de la población alcanza al 4 % del total. Son más de 200 mil adultos mayores que viven en la pobreza y cerca de la mitad en la indigencia absoluta.

Las grietas de este envejecimiento en pobreza se han hecho más evidentes en pandemia, por hacer más visible aún la exclusión en la que están y, por ser una categoría de población altamente afectada por las consecuencias fatales del COVID - 19. Hasta mediados del 2021 la cifra de adultos mayores fallecidos ascendía a 7.240. Esto significa que, a pesar de solo representar el 16% de los casos de contagio, acumulan casi el 84% de las muertes por COVID-19.

La ausencia de protección social adecuada, la estigmatización etaria y el bajo reconocimiento real de las personas mayores como sujetos de derechos, se ha agravado en forma exponencial con el confinamiento.

Vivir y morir en soledad en la vejez constituye una doble exclusión que existe con un alto grado de invisibilidad en las políticas públicas.

La soledad en adultos mayores es un asunto de salud pública que si bien se puede observar y analizar desde la individualidad, constituye ante todo un problema público. Cuando las redes de inclusión y de participación, convivencia familiar y comunitaria desaparecen o bajan en densidad es necesario generar mecanismos operativos que vayan en la dirección de reestablecer sistemas de soporte social bajo una óptica de intervenciones públicas integrales.

Sería desafiante para el país escuchar de parte de los candidatos alguna propuesta estratégica que permita abordar el envejecimiento de nuestra población como un tema país. Y que de ello se deriven lineamientos para diseñar políticas públicas sistémicas e innovadoras que, acompañadas de arreglos y desempeños institucionales con una fuerte dosis de enfoque territorial descentralizado pueda abordar con efectividad tal urgente problemática.

Mientras no abordemos esta realidad bajo un enfoque de derechos, no podremos abordar integralmente una realidad que no ha sido asumida como política de Estado en nuestro país.