El Instituto Nacional del Deporte (IND) fue condenado al pago de $437 millones de pesos a una empresa que se adjudicó la prestación de servicios para la Final Nacional de Educación Superior del 2019.

El Segundo Juzgado de Garantía de Punta Arenas declaró incumplido el contrato suscrito entre el IND y la empresa. “Los perjuicios que se indemnizan son los que provienen del incumplimiento. Es la infracción del contrato la que debe considerarse causa del daño que se demanda”.

La demanda

En octubre del 2019, la sociedad Elgueta, Oyanedel y Compañía Limitada se adjudicó la prestación de servicios de alimentación y alojamientos para los deportistas que participarían en la Final Nacional de Educación Superior del 2019, la cual se jugaría en Punta Arenas y Puerto Natales.

En las semanas previas a la actividad, la empresa gastó 437.520.557 pesos para recibir a los jugadores. Sólo en los anticipos de centro de alimentación y hoteles desembolsaron 310 millones, aproximadamente.

El evento deportivo coincidió con el estallido social. En Magallanes se había declarado el estado de excepción constitucional y los militares custodiaban las calles. Dos días antes del inicio, el IND anunció que el torneo se suspendía.

De acuerdo a la sentencia, la empresa contratista se comunicó con el instituto para que se reembolsaran las reservas, pero no obtuvieron respuesta. “El IND con su actuar incurrió en la afectación de diversos principios que rigen el actuar de la administración, que son los principios del contrato-ley, la buena fe, la eficiencia y eficacia”, señaló el demandante.

La sentencia

En julio del 2020, la empresa interpuso una demanda por incumplimiento de contrato e indemnización de perjuicios. Solicitó la restitución de las reservas y el pago de 95 millones de pesos por daño patrimonial y moral.

En su contestación, el IND alegó que los juegos se suspendieron por causas ajenas al servicio y que no se podían hacer cargo de los gastos incurridos por la empresa.

En los dos años que duró la tramitación, el juzgado analizó las boletas y vouchers que respaldaron los gastos incurridos. Aunque rechazó las indemnizaciones por daño moral y patrimonial, el juez César Millanao declaró incumplido el contrato y ordenó el pago de $437 millones a la demandante.

“En este caso existe de manera evidente, un nexo o relación inmediata, de causa a efecto, entre el acto o hecho del servicio (acción u omisión) y el perjuicio o daño. Puede inferirse de ese nexo que el daño no se habría verificado sin aquel acto incumplido: no dar término al contrato en su oportunidad causó un daño en el demandante”, dice la sentencia.

Comunicado el fallo, la empresa interpuso este jueves un recurso ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas. Solicitan que se ordene el pago de otros 80 millones de pesos por lucro cesante.