Continúa la polémica por lo ocurrido hace algunos días en la Seremi de Desarrollo Social y Familia, en donde el seremi Danilo Mimica, había desvinculado a una funcionaria embarazada y a otra funcionaria denunciando acoso laboral.

Los hechos dejaron en evidencia el silencio de las autoridades “feministas” y cómo algunos gremios simplemente hicieron oídos sordos a una situación que denigraba a una funcionaria pública. Y además la ANEF, que tiene como función velar por los derechos de los trabajadores públicos, no defendió a la funcionaria y entregó información de carácter privado.

Mediante un comunicado, las denunciantes se refirieron a los hechos.

“Hace unos días dimos a conocer situaciones de acoso y vulneraciones a derechos fundamentales que están aconteciendo al interior de la Seremi de Desarrollo Social y Familia a cargo de Danilo Mimica, y que muchos están en proceso de investigación y otros son materia judicialízada. En la misiva que dimos a conocer a la opinión pública, también indicamos desvinculaciones que ocurrieron el 1 de diciembre en el cual, uno ya se encuentra en manos de Contraloría para revisar que se ajuste a derecho, y el caso de la funcionaria que fue desvinculada estando embarazada de 23 semanas”.

Explican que cuando hicieron la denuncian “quisimos resguardar nuestras identidades para no ser sindicalizadas y juzgadas, sin embargo, la información que se entregó a la comunidad por parte de la ANEF, que si bien es cierto no pertenecemos al gremio, vulneró y violentó aún mas la situación, con detalles personales y de la vida privada de la funcionaria que reveló su estado de gravidez, y que al parecer la persona que emitió este comunicado carece de idoneidad para proteger antecedentes de la vida privada de las personas. A partir de esta información, todas las autoridades regionales y nacionales que han emitido declaraciones públicas han reforzado dichos antecedentes siendo la afectada vulnerada brutalmente, entregando información que carece de veracidad, como por ejemplo, que el secretario regional no sabía de su estado de embarazo, que se encontraba 6 meses en teletrabajo, que el acto administrativo se retrotrajo inmediatamente y que no fue notificada de su desvinculación”.

Las funcionarias hacen recuerdo en la misiva de lo que señala la Dirección del Trabajo, respecto del resguardo de información ”Ningún empleador puede condicionar la contratación de trabajadoras, su permanencia o renovación de contrato, o la promoción o movilidad en su empleo, a la ausencia o existencia del embarazo, ni exigir para dichos fines certificado o examen alguno para verificar si se encuentra o no embarazada”.

Las funcionarias agregan que “mucho se ha dicho que la autoridad no estaba en conocimiento, lo que falta a la verdad ya que la funcionaria en plena notificación junto a una Ministra de Fe, indica su estado de gravidez de 23 semanas e indica que no había informado por miedo a ser juzgada debido a los graves acontecimientos que han ocurrido y que actualmente tiene en un litigio judicial al secretario regional. Aún así y en conocimiento de esta información notifica y hace firmar su resolución de no renovación, e indica que no sabe los pasos a seguir y que consultará a nivel central sin entregar certezas de que se retrotraiga su situación contractual, acto que se materializó recién el 2 de diciembre pasadas las 16:00 horas”.

En el comunicado las funcionarias lamentan cómo se ha normalizado los actos de vulneración. “Trece funcionarias de la repartición plenamente identificadas y la Asociación de Funcionarios de dicha repartición, emiten un comunicado de respaldo al secretario regional indicando que no han presenciado ni tampoco se han visto expuestas a situaciones como las descritas, además de no sentirse vulneradas por parte de la actual autoridad regional y que tampoco les constan los hechos denunciado, además de manifestar que conocen los canales para realizar denuncias a vulneraciones de derechos. Estas declaraciones dejan entrever la normalización de actos vulneratorios dentro del servicio, situaciones que hace un par meses resolvió la destitución de un funcionario por maltrato laboral, situaciones que tampoco les constaban, pero que arrojó una contundente medida disciplinaria. En esta oportunidad nuevamente ponen en tela de juicio las denuncias que se encuentran debidamente justificadas y de las cuales ellas no deberían por qué estar en conocimiento porque son y serán materia judicial, al igual que el presente comunicado que consideramos violento y que atenta gravemente al descrédito de nuestra honra y dignidad, afectando nuestra situación laboral y oportunidades en el empleo lo que quedará consignado en manos de la justicia”.