Revuelo causó la detección de un buque antártico británico que zarpó desde las Islas Malvinas y navegó de manera ilegal por aguas argentinas rumbo a Punta Arenas. La nave en cuestión es de insignia de British Antarctic Survey, rompehielos y laboratorio flotante. Las autoridades navales del país vecino, que activaron los protocolos correspondientes, resaltaron la necesidad de contar con autorización argentina si se requiere avanzar por su mar.

La cancillería trasandina tomó nota, a través de un informe de la Prefectura Naval Argentina, de la recalada del buque antártico británico SSR Sir David Attenborough en el puerto de Punta Arenas, ocurrida el 21 de enero. Frente a esto, la cancillería del vecino país se concentró en constatar si Chile cumplió con el compromiso dispuesto en la “Declaración de los Estados Parte del Mercosur y Estados Asociados sobre buques que enarbolan la bandera ilegal de las Islas Malvinas”, adoptada en Montevideo (Uruguay) el 20 en diciembre de 2011.

Esa declaración de los Estados Parte del Mercosur y Estados Asociados “reiteraron el compromiso oportunamente asumido de adoptar, de conformidad con el Derecho Internacional y sus respectivas legislaciones internas, todas las medidas susceptibles de ser reglamentadas para impedir el ingreso a sus puertos de los buques que enarbolen la bandera ilegal de las Islas Malvinas”.

Alertada por la Prefectura Argentina sobre el incidente, la Cancillería trasandina solicitó información al respecto a su Consulado en Punta Arenas, cuyas autoridades “pudieron constatar que el buque enarbolaba pabellón rojo británico y que, por lo tanto, no se había quebrantado el referido compromiso”.

No obstante, la oposición argentina no dejó pasar este episodio, y presentó un proyecto para pedir informes sobre los “movimientos irrestrictos” del buque británico en cuestión, entre Puerto Argentino y Punta Arenas; enfatizando “el apoyo logístico implícito a dicha operación prestado por el Gobierno de la República de Chile”. El escrito ya fue presentado en la Cámara de Senadores de la República Argentina, con la firma de los representantes de Tierra del Fuego, Pablo Blanco; y de Santa Cruz, María Belén Tapia.

Al respecto, el analista internacional Jorge Guzmán explicó que “el reclamo de un par de senadores argentinos por la presencia en el Estrecho de Magallanes y Punta Arenas de un buque científico británico es equivocado. Omite recordar que el Estrecho de Magallanes fue neutralizado por el Tratado de Límites de 1881, un concepto legal y político ratificado con el Tratado de Paz y Amistad de 1984. Ello significa que Chile y Argentina están obligados a respetar la libre navegación de naves de todas las banderas y, además, que el Estrecho no puede ser objeto ni sujeto de una disputa, por ejemplo, aquella por las islas Falkland/Malvinas”.

El mismo analista político señaló que “este reclamo debe entenderse en el marco del intento argentino de considerar el Estrecho de Magallanes como espacio compartido, no obstante que en 1881 quedó establecido que, desde Punta Dúngenes y el cabo espíritu Santo hasta su Boca Occidental, este pasaje marítimo es íntegramente chileno, por lo tanto, los senadores argentinos no tienen ninguna capacidad para pautear a Chile respecto de quién puede o no puede navegar el estrecho”.

Para cerrar el análisis, Guzmán explicó que “Chile no debe aceptar esa pretensión que, recordemos, es parte de una antigua tesis geopolítica argentina que aspira a co-gobernar el Estrecho de Magallanes en forma de espacio compartido. Esa aspiración fue reiterada en 2021 en la actual Directiva de Política de Defensa Nacional que, nada más ni nada menos, tipifica a los espacios al sur del estrecho como espacios compartidos”, e hizo un llamado al Presidente de Chile, Gabriel Boric, “a ser claro y preciso en esta materia”.