Tras infringir la Ley de Migración y Extranjería, funcionarios del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Punta Arenas dieron cumplimiento a la expulsión administrativa del territorio nacional a un ciudadano colombiano identificado como Anderson Rayo, quien cometió delitos en la capital de la Región de Magallanes.

“Los detectives trasladaron al ciudadano extranjero hasta el aeropuerto de Santiago y ayer abordaron un vuelo internacional a la ciudad de Bogotá, Colombia, materializándose la medida de expulsión existente en su contra, ordenada por el Servicio Nacional de Migraciones”, expresó el subprefecto Patricio Gómez, jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas.

Delitos

El ciudadano extranjero de 21 años comenzó su prontuario delictual en el país en 2019, en el marco de las manifestaciones sociales de octubre, donde fue detenido por detectives de la Brigada Investigadora de Robos Punta Arenas por los delitos cometidos en el centro de la ciudad que afectaron la sucursal de BancoEstado, edificio que fue decretado como zona típica en 1991. Identificado por las cámaras de seguridad, provocó daños en los ventanales que fueron avaluados en 35 millones de pesos. El contexto de esta situación significó un agravante para el imputado por cometer estos actos con ocasión de conmoción pública y en edificios de patrimonio de la ciudad.

De este modo, en noviembre de 2020 el imputado fue condenado a la pena de 200 días de reclusión menor en su grado mínimo, como autor del delito de daños simples y a la pena de 100 días de reclusión menor en su grado mínimo como autor del delito de desórdenes públicos. Casi un año más tarde, el ciudadano colombiano fue condenado en agosto de 2021 a la pena de 541 días de presidio como autor del delito de hurto simple. Mientras cumplía esta última pena, Anderson se enfrascó en una pelea que concluyó en un fuerte golpe en la nariz de la víctima, quien debió ser trasladada al Hospital Clínico de Magallanes por la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios de Gendarmería. Allí se le constató una fractura nasal reducida que requirió intervención quirúrgica y lo dejó incapactiado por al menos un mes.

Todo estos hechos desembocaron en la aplicación de la medida de expulsión administrativa, lo que le permite regresar a su país a realizar una vida normal, pero incluye una prohibición de ingreso al territorio nacional por 25 años.