La venta de gas comprado a precio de oro, al 40% más vulnerable de la población en tres comunas del país, desató una controversia a nivel nacional, al punto que el Gobierno suspendió la medida y anunció un nuevo modelo de negocios. En adelante, ENAP venderá su producción de GLP a nivel mayorista.

Las reacciones ayer fueron encendidas a nivel nacional y regional, sobre todo en momentos que los habitantes de los sectores más vulnerables de Magallanes viven un segundo invierno sin medidas concretas del Presidente Gabriel Boric para la región más extrema de país.

Correa

El economista Manuel José Correa recordó que el proyecto nació luego de un dictamen de la Fiscalía Nacional Económica en contra de la industria del gas licuado. “Mas, la alternativa estatal fue peor”, dice.

“Este nuevo fracaso del Gobierno y de la falsa campaña contra empresas distribuidoras de gas, llevó a ENAP a modificar su estrategia para distribuir el gas a través de distribuidores de gas, es decir, a través de empresas privadas inmensamente más eficientes. Nuevamente, la realidad le da una lección al Gobierno”.

Agregó al respecto: “Me preocupan todas las familias vulnerables que no viven dentro de la cobertura de Gasco, único proveedor regional. Por ello, hago el llamado a las autoridades regionales y municipales a no llegar tarde, distribuir leña y apoyar monetariamente el consumo de gas licuado. No hay tiempo que perder, ya que el frío y las enfermedades respiratorias golpean con mayor fuerza a quienes menos tienen”,

Oyarzo

El economista Juan Luis Oyarzo explicó, en cambio que “el ingreso de competidores en mercados siempre es una buena noticia, siempre que éstos tengan las mismas condiciones y reglas del juego. Si bien las críticas en ocasiones se han centrado en la distribución, la inversión que es realizada es responsable e incluso factible por parte de ENAP”.

Añadió: “Debemos empujar medidas concretas que den cuenta de las características de residir en una zona con condiciones extremas, de tal modo, que temas como la energía que es utilizada para calefaccionarnos ya no sea un tema de discusión de cada cierto tiempo, sino que sea un reconocimiento permanente a nuestra ubicación geográfica”.

Montero

El empresario Andrés Montero agregó: “El Estado no debe involucrarse en aquellas actividades que los privados pueden realizar en forma eficiente, como es el caso de la venta de gas licuado domiciliario. Aquí el Gobierno ha engañado a la población, en una actitud populista pensando en ganar futuras elecciones o en recuperar territorios en que tuvieron malos resultados en el último plebiscito, se busca por la vía de competir de manera desleal con los privados y que es vender gas bajo el costo y todas las pérdidas, al final las pagamos los contribuyentes. El Gobierno dijo que eso era con cargo al Ministerio de Energía, pero como todos los ministerios éste se financia con el presupuesto de la nación, que está fundado en los impuestos”.

Agregó que “la gran conclusión es que estas cosas hay que pensarlas antes y no echarlas a andar para después arrepentirse y pagar un alto costo. Tenemos que pensar que la venta de gas licuado, a través de distribuidores, también tiene temas asociados a riesgo crédito, infraestructura logística, transporte, personal, etcétera y si el Estado empieza a vender gas licuado, ¿por qué no vende pan, harina y otras cosas?”, comentó.

Finalmente, Montero recordó otros casos de mal uso de recursos públicos como el pago y recontratación de exonerados falsos, determinado por Contraloría, o las víctimas del Estallido Social, por lo que llamó al Gobierno a enmendar el rumbo “si no quiere terminar ya no con el 30%, sino el 20, el 15 o no sabemos adónde”.