A principios del mes de septiembre se dio cuenta de una compleja situación a que tuvo que afrontar el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, ya que un adulto mayor, de 81 años, pasó a control de detención en tres oportunidades, dos de esas por desobedecer una orden judicial.

El hombre había sido formalizado por un delito en contexto de violencia intrafamiliar y se decretó la prohibición de acercarse a la víctima y abandonar el hogar común, pero al no tener un lugar donde ir, el hombre regresó al domicilio, fue detenido, formalizado por desacato y se ordenó que sea ingresado al Eleam de Punta Arenas, lo cual finalmente no ocurrió, teniendo que nuevamente afrontar la justicia por desobedecer una orden del Tribunal, pudiendo finalmente encontrar una solución a su problema de no contar con un recinto para pernoctar.

Una situación similar ocurrió ayer nuevamente en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, ya que un adulto mayor fue formalizado por amenazas en contexto de violencia intrafamiliar.

“Dos personas adultas mayores, que tienen una convivencia de larga data, el varón zamarrea a la mujer sin lesionarla, y la amenaza de muerte y con quemar la casa. Ella entonces solicita la presencia de Carabineros, el sujeto es detenido, formalizado y se ordena contra el imputado el abandono del hogar en común, como también la prohibición de acercarse a la víctima. Como ambos son personas de la tercera edad, la defensa gestionó que la persona imputada fuera ingresada a un recinto estatal, mientras encuentra un lugar donde vivir”, explicó la fiscal Wendoline Acuña.

Efectivamente el hombre tras decretarse las medidas cautelares de abandonar el hogar y prohibición de acercarse a la víctima, mediante la gestión de su abogado defensor, se informó que el imputado no contaba con redes de apoyo, ni tampoco con familiares que lo puedan acoger, por lo que se solicitó al Tribunal pronunciarse al respecto.

Tras la rápida llegada de un funcionario de la seremi de Desarrollo Social que entregó información relevante y la discusión de rigor, es que el Tribunal resolvió y ordenó que el imputado sea ingresado a un albergue para que pueda pernoctar sin preocupaciones, cumplir con las medidas cautelares y una vez reciba su pensión encontrar un lugar donde vivir.