Para Chile, el mayor impacto del cambio climático no es la emisión de los GEI, del cual generamos solo el 0,25% del planeta y además nos comprometimos internacionalmente a ser un país carbono neutral en 2050. Esta decisión ha permitido la asignación de recursos, modificaciones normativas y de gobernanza. Pero sabemos que el impacto más crítico es la prolongada falta de agua, que tiene serias consecuencias para la población y el desarrollo. 

En el débil debate político sobre el agua, existen distintas visiones que no son parte de un tejido político donde la autoridad esté diseñando una estrategia hídrica compartida, razón por lo cual no avanzamos a pesar de la crisis climática.  

No hemos logrado destrabar el inmovilismo y seguimos con la desconfianza mutua entre los usuarios, el Estado y la comunidad, lo que impide buscar acuerdos para enfrentar los nuevos escenarios y nos tiene entrampados entre lo público, que solo reacciona frente a la contingencia de corto plazo, como los anuncios del Presidente Boric de apoyar una planta desaladora, profundizar pozos o construir embalses en el Río Aconcagua o el Maule. Estas medidas no son suficientes. Tampoco tienen su origen en una estrategia integral. 

Por otro parte, los privados se sienten amenazados, pero tampoco hacen propuestas. Necesitamos un liderazgo político que devuelva la confianza para construir políticas públicas sostenibles y de consenso o al menos una hoja de ruta compartida para las próximas décadas.  

En el caso de las emisiones de carbono, la estrategia del Estado fue reemplazar los combustibles fósiles por sustitutos “verdes” y las energías renovables no convencionales (ERNC), que el país ha desarrollado con una clara decisión política, logrando un importante liderazgo internacional, producto que el sector energético está bien estructurado en lo institucional y normativo, creando un mercado competitivo. 

Para llegar a este punto en energía, se dieron al menos tres elementos, a) un sólido liderazgo político del Estado (Máximo Pacheco), con respaldo técnico y apoyo presidencial, b) los actores del sector se sentaron tempranamente con la autoridad y llegaron a importantes acuerdos estratégicos, que permitieron dictar normas y abrir un mercado competitivo que bajó los precios de la energía e incentivó la inversión y c) fue posible construir una institucionalidad del Ministerio de Energía.

A diferencia de la energía eléctrica, el agua es un bien nacional de uso público, que no cuenta con sustitutos relevantes y es cada día más escaso. Cualquier alternativa como carreteras hídricas, desalación, reutilizamiento de aguas tratadas, embalses o soluciones basadas en la naturaleza, no cuentan con regulaciones sólidas, incentivos o definiciones técnicas de parte de la autoridad, tienen mercados imperfectos, no necesariamente son rentables económicamente y varias de ellas incrementan las tarifas y costos.

La complejidad de esta crisis nos obliga a innovar, pero la existencia de una desconfianza política instalada hace tiempo como parte de un contexto del país, es una amenaza para nuestro desarrollo y convivencia. Esto impide buscar acuerdos.