La Libertad Avanza -el partido que lidera el Presidente de Argentina Javier Milei- presentó un proyecto para derogar la ley del aborto, según se conoció este miércoles, aunque el ingreso en la sede parlamentaria es del 5 de febrero.

El proyecto pide la derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y que el aborto sea un delito penal tanto para la mujer como para quienes participen en la intervención. La mujer sería sancionada con cárcel de uno a tres años.

Además, el texto no presenta eximente en los casos de violación, aunque deja a criterio del juez que disponga la excepción de la pena para la mujer “en atención a los motivos que la impulsaron a cometer el delito, su actitud posterior, y la naturaleza del hecho”.

Según el proyecto que lleva la firma de los diputados Oscar Zago, jefe del bloque de La Libertad Avanza; Lilia Lemoine -influyente y persona muy cercana al ámbito de Milei- y otros cuatro legisladores más, habría penas de 3 a 10 años para quienes provoquen el aborto de una mujer sin su consentimiento, que podrían llegar a 15 en caso de fallecimiento de la madre. Si hubiese consentimiento, las penas serían de 1 a 4 años, que podrían aumentar a 6 si la mujer muere.

El texto presentado en la Cámara de Diputados va encabezado por el lema que el Ejecutivo de Milei publicó recientemente en el Boletín Oficial: la declaración de 2024 como “año de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad”.

Gobierno se desmarca

El Gobierno de Argentina se desmarcó este jueves de la iniciativa presentada por un grupo de diputados de La Libertad Avanza. “Defiendo la vida, ni más ni menos”, justificó este jueves la diputada Rocío Bonacci, autora de este proyecto por el cual pretende dejar sin efecto el aborto legal que rige desde 2020 en Argentina.

Sin embargo, se señaló que la iniciativa “no es parte de la agenda del Presidente y no está impulsado por el Poder Ejecutivo”, sostuvo al respecto el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa al circunscribirlo a una iniciativa personal de la legisladora del oficialismo. 

Milei, que se define como un libertario, durante su campaña electoral se había pronunciado “en contra del aborto porque está en contra del derecho a la vida”. No obstante, “tenemos temas más urgentes”, dijo Adorni para explicar que esta discusión no forma parte de las prioridades del Presidente.

La Ley de Interrupción Voluntaria

Aprobada el 30 de diciembre de 2020 y promulgada el 14 de enero de 2021, la ley IVE permite interrumpir voluntariamente el embarazo hasta la semana 14 de gestación de forma segura, legal y gratuita, siempre en un máximo de diez días desde su requerimiento.

Más allá de esas 14 semanas de plazo, el aborto sólo se permite bajo dos causales que rigen desde la aprobación del Código Penal en 1921: cuando corra peligro la vida de la mujer o si el embarazo fue producto de una violación.

Tema durante campaña

En su plataforma electoral, Milei proclamó “la defensa del derecho a la vida desde la concepción”, aunque en el apartado dedicado a salud no refierió explícitamente a la Ley 27.610 que garantiza el Acceso a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo, sancionada en diciembre de 2020 tras un extenso debate en el Congreso de la Nación.

Sin embargo, en una entrevista con Alejandro Fantino en el programa “La Cosa En Sí” -de Neura Media- el lunes posterior a las PASO, al ser consultado sobre la norma Milei dijo: “Que algo sea legal, no quiere decir que sea legítimo. Estoy en contra (de la Ley de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo) porque está en contra del derecho a la vida”. 

Ante la pregunta de Fantino sobre si revisaría la Ley 27.610 de llegar a ser Presidente, el entonces candidato de La Libertad Avanza sostuvo: “Por lo menos haría un plebiscito. Y, si el resultado es a favor mío, se elimina la ley. Pero que elijan los argentinos. Si los argentinos creen en el asesinato de un humano indefenso en el vientre de la madre, se verá”.

La Constitución nacional, desde 1994, prevé la posibilidad de hacer consultas populares vinculantes y no vinculantes. Para que sean vinculantes, deben ser convocadas por la Cámara de Diputados mediante una ley y, en caso de obtener el voto favorable de la ciudadanía, se convierten automáticamente en ley.