Todos somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario. Toca probar la culpabilidad de una persona a quien le acusa. Las personas deben ser tratadas como inocentes, no presumiendo la culpabilidad a priori ni tratando como responsable de un ilícito, a persona alguna. Será una sentencia judicial firme y ejecutoriada la única que determine en una sociedad democrática y libre, si una persona debe ser considerada como culpable de algún delito. Las medidas cautelares en general y especialmente, la prisión preventiva, deben ser decretadas de manera excepcional por los tribunales de justicia, con el fin de no afectar tampoco la libertad personal. Estas son alguna de las consecuencias de este principio universal del derecho.

Últimamente hemos podido comprobar que a muchas personas en la práctica se les trata como verdaderos delincuentes, no existiendo sentencia judicial alguna que así lo haya establecido. Estamos asistiendo a auténticos linchamientos mediáticos, el cual es casi imposible contrarrestar por el afectado. A nadie le importa ya sindicar a alguna persona como el más aborrecible de los delincuentes, si con ello se puede ganar el favor de la galería. Se mancilla el nombre de cualquiera con fines electorales. Mientras, el sistema democrático se va hundiendo con el concurso de sus dirigentes, cuya conducta luego es imitada por el pueblo. Si hasta el Presidente de la República trata como delincuente a quien los tribunales no lo consideran así. Al no ser capaces de tratar a las personas como inocentes hasta que un tribunal de justicia resuelva lo contrario, estamos socavando el sistema democrático. Una garantía esencial de las sociedades democráticas, es el respeto por el debido proceso y que nadie pueda ser considerado culpable. Salvo que una sentencia judicial así lo determine.

El caso del cabo de Carabineros, Sebastián Zamora, es ilustrativo. Estuvo en prisión preventiva algunos meses, afectando su derecho humano a la libertad. Se le acusó públicamente de casi asesinar a un menor de edad. Una sentencia judicial lo absolvió. El principio de inocencia fue profundamente afectado en su caso. Tenemos los juicios contra Daniel Jadue, Cathy Barriga, Raúl Torrealba, Claudio Crespo, Luis Hermosilla y tantos otros. Todos son tratados como culpables y aun cuando algún tribunal les pueda absolver en el futuro, en la ciudadanía quedará el estigma de su responsabilidad penal. Se dirá que zafó por influencias, por poder, por dinero u otros motivos. Y en todos estos casos, no existe sentencia judicial firme que les considere como delincuentes. Pero da lo mismo, el juicio popular, alentado muchas veces por los querellantes y por las redes sociales, ya tiene su veredicto: ¡culpables! Y no se trata de defender personas individuales, sino trata de apuntalar un principio básico para la convivencia democrática. Sin este principio, se arruinará la vida a quienes se les considere sospechosos de delitos, sin indagar más allá ni darles un derecho efectivo a defensa. Incluso se les llega a tratar como parias en la sociedad, afectando también su vida personal, familiar y laboral.

Es muy peligroso esto de los juicios populares, que trata como delincuente a todo aquel sospechoso de serlo. En la historia de la humanidad, existió un famoso caso de condena a muerte de un inocente, basado en el clamor popular. En ese entonces, el pueblo sin mediar prueba alguna y con el sólo parecer de las gentes, fue ejecutado. Insistimos, no se trata ni se pretende defender personas, muy lejos de eso, sino sólo principios.