Ayer, ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, compareció una joven mujer que fue detenida en horas de la madrugada por personal de Carabineros al mantener una orden de detención vigente.

Luego de la individualización de los intervinientes, la imputada identificada denunció haber sufrido malos tratos a manos de los funcionarios policiales, por lo que el Juzgado de Garantía oficiará a la Primera Comisaría para que se investiguen los hechos.

Posteriormente, se comunicó que se emitió una orden de detención por no haber comparecido a una audiencia de formalización de cargos, por lo que se decretó como ajustado a derecho el proceder policial al existir una orden vigente de captura.

Tras ello, la fiscal Johana Irribarra, le comunicó a la imputada que se iniciaba una investigación en su contra por los siguientes hechos: “El día 11 de marzo del 2024 a las 23 horas, aproximadamente, la imputada conducía en estado de ebriedad y sin tener licencia de conducir un vehículo Mazda Demio por Avenida Los Generales, de la ciudad de Punta Arenas, cuando llegar a la intersección con Avenida Bulnes no se detuvo ante la señal de tránsito y choco el vehículo Marca Mercedes Benz conducido por C.C.M., resultando su vehículo con daños de consideración, avaluados en más de 1 UTM. Adoptado el procedimiento, Carabineros verificó el estado de ebriedad de la imputada”.

Se indicó que la prueba respiratoria arrojó 1.28 gramos de alcohol en la sangre.

Asimismo, se señaló en la audiencia que según consta en el certificado de antecedentes del conductor, mediante sentencia de enero del 2024 se le suspendió la licencia de conducir por dos años, encontrándose dicha sanción vigente en los hechos.

“La calificación jurídica de los hechos es de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad sin haber obtenido licencia de conducir, con resultado de daños, y además manteniendo prohibición de conducir por la sentencia ya señalada, en grado de consumado y participación en calidad de autora”, enfatizó el fiscal.

Posteriormente, se solicitó aplicar la medida cautelar de arraigo regional, lo que no fue objetado por la defensa. Se fijaron 60 días para el cierre de la investigación.