Este lunes, la Justicia argentina ordenó la captura del Mandatario venezolano, Nicolás Maduro y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, por delitos de lesa humanidad.

Según recoge Todo Noticias (TN), la decisión fue tomada por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, integrantes de la Sala I de Cámara Federal porteño, quienes emitieron el fallo este lunes al mediodía.

La solicitud había sido elevada por parte de los fiscales Carlos Stornelli y José Aguero Iturbe, junto con representantes del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD)

La denuncia contra el régimen de Maduro había sido presentada en enero de 2023 ante la Justicia Federal Argentina por el FADD, sobre la base del principio de jurisdicción universal que permite a los países procesar delitos graves contra los derechos humanos, independiente de donde se hayan cometido y la nacionalidad del autor o la víctima.

La Justicia argentina concluyó que en Venezuela existe un plan sistemático de represión, desaparición forzosa de personas, tortura, homicidios y persecución contra una porción de la población civil, la cual se ha desarrollado, desde -al menos- el 2014.

La ley del empate

Por el lado de Caracas, cabe recordar que ha tenido roces permanentes con el Gobierno de Javier Milei. De hecho, un tribunal venezolano había emitido una orden de arresto contra el mandatario argentino por el “robo” de un avión de carga venezolano confiscado en Buenos Aires y entregado a Estados Unidos, acción judicial que fue ratificada por la Corte Suprema de dicho país.

Fue a través de un comunicado que la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano explicó que, tras la solicitud del MP, se acordó la orden de detención contra Milei, así como contra la secretaria general de Argentina, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El TSJ indicó que la orden de captura es por los presuntos delitos de “robo agravado, legitimación de capitales, simulación de hechos punibles, privación ilegítima de libertad, interferencia ilícita en la seguridad operacional de la aviación civil e inutilización de aeronaves y asociación para delinquir”.