Esta pasada semana Dorothy Pérez, la nueva Contralora Nacional, firmó un dictamen que instruye a que la Contraloría General de la República no debe pronunciarse sobre la “legitima confianza” de los funcionarios, que tienen legitimas expectativas de renovación de su vínculo laboral cada año, en especial para los funcionarios en calidad jurídica denominada a “Contrata”, situación que se puede extender por toda una vida laboral.

Lo anterior nos lleva a saber a preguntarnos, cual es la relación del Estado con los funcionarios públicos, pero desde una dimensión de humana, porque los funcionarios, independientemente de su calidad jurídica son personas, y que prestan servicios al Estado.

El trabajo, es el lugar en donde las personas pasaran la mayor parte de sus vidas, si excluimos el tiempo de dormir del análisis. Es el lugar donde se espera crecer como persona, tener satisfacciones y obtener como forma de retribución los recursos para la subsistencia del grupo familiar y poder satisfacer otras variables de autorrealización personal; pero la pregunta es, el Estado es un proveedor de un buen espacio laboral.

El Estado, y los servicios relacionados a la administración pública, (se excluye FF. AA y de Orden) tienen en un gran porcentaje de personas en calidades jurídicas de “Contrata” y de “Prestador de Servicios a Honorarios”, y en menor representación la calidad jurídica de “Planta”, todas estas relaciones están reguladas por un Estatuto Administrativo, pero estas calidades estarán hoy en día en sintonía con las demandas y buenas prácticas de un gran empleador, como lo es el Estado de Chile.

La situación del colapso financiero de los Hospitales por falta de financiamiento y un crítico estado de no avance de las denominadas “Listas de Espera”, hacen pensar que los problemas son operacionales, pero en realidad son problemas de personas al servicio de las personas, por más que ingresan recursos financieros en una actividad tan humana como es la prestación de servicios y cuidados de salud, no se pueden tener resultados muy diferentes. Las dimensiones psicosociales que están directamente relacionadas con un alto ausentismo por licencias médicas y de un plan de desarrollo de carrera funcionaria poco motivante, que son solo una muestra de este proceso laboral de este siglo, un proceso de relaciones laborales dentro del Estado que no son adecuadas a los tiempos actuales, donde la palabra “Recursos Humanos”, ya está en el cementerio, debido a que las personas no son un “Recurso”.

La expectativa de una nueva renovación, que atacó la recién asumida contralora, indica la precariedad del empleo público, en pocas palabras, lo más barato para el Estado, que debe cuidar los recursos provenientes de nuestros impuestos, es transformarse de una vez por todas en un “Buen Empleador”, para que de esta forma, tenga funcionarios sanos; entendiendo como salud, un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, según indica la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS).