Durante la campaña presidencial el entonces diputado -hoy Presidente- Gabriel Boric, señalaba que se terminaría “el amiguismo”, que no habría” premios de consuelos”. Aquello al parecer fueron solamente palabras bonitas que buscaban atraer votantes que creyeran que se iba hacer una política distinta. Eso no ocurrió y, una vez más, el electorado fue engañado.

Hace pocos días vimos como la exalcaldesa de Nuñoa, Emilia Ríos, anunciaba su renuncia al municipio expresando como motivo sus pretensiones de postular al Parlamento, pero en realidad pareciera ser que no era aquello, ya que días después la exalcaldesa fue designada en el cargo de subsecretaria del Deporte.

Tal decisión ha reabierto los cuestionamientos acerca de los criterios con que el gobierno lleva a cabo sus designaciones, donde por lo visto sigue siendo evidente que continúa prevaleciendo la lógica del “amiguismo”, a pesar de los múltiples problemas que ello le ha traído a esta administración.

Ríos -militante del Frente Amplio, y quien no logró ser reelecta en los pasados comicios municipales- había presentado su renuncia anticipada al cargo el 13 de noviembre, para así cumplir con los plazos legales establecidos en la ley y, de esa forma, poder postular a algún cargo de elección popular en 2025. 

Desde luego, hay aquí una situación que no contribuye a prestigiar la imagen de la política, cuando ante la ciudadanía se esgrimen determinadas razones para justificar una partida antes de que expire el plazo del mandato -en este caso, para competir por un cupo parlamentario, lo que es perfectamente legítimo-, lo que luego, y sin ninguna explicación, es completamente pasado por alto, sin calibrar las implicancias de este proceder.

La renuncia de Ríos ha abierto, además, una controversia jurídica, pues sectores de oposición cuestionan la legalidad de la misma, ya que conforme a su parecer no se habría ajustado a lo que la Ley Orgánica de Municipalidades establece, conforme la cual si un alcalde quiere postular a un cargo de elección popular puede renunciar al municipio sin la aprobación del Concejo Municipal, pero si decide hacerlo por otros motivos necesita la venia de los dos tercios de los concejales. Esto ha motivado una presentación ante la Contraloría General de la República, la que deberá dirimir si en definitiva este proceder se ajustó o no a la ley y, en caso de observar reparos, surge la interrogante de si ello podría afectar su designación.