Hay tensión entre los miles de empleados fiscales de Chile. Este viernes 29 de noviembre se realizará la renovación o no renovación de aquellos que se encuentran a contrata para el Estado. Son los funcionarios públicos que, a propósito de las últimas determinaciones de Contraloría, podrían percibir una merma en sus ingreso, por usar un eufemismo para la cesantía.

Para entender: ocurría que había funcionarios a contrata en el sector público que, luego de un determinado tiempo de renovaciones sucesivas en un puesto de trabajo, un servicio podía poner término al vínculo laboral solo por medio de calificaciones o de un sumario administrativo. Era, en definitiva, una protección laboral.

Dorothy Pérez, la nueva contralora, dictaminó que la determinación de la confianza legítima era materia de los tribunales de justicia y no de la entidad que encabeza. Se lee en el dictamen: “La pretensión de los recurrentes en este tipo de asuntos es que se declare que a su respecto se ha configurado la confianza legítima, atendido el lapso de su desempeño a contrata; y por otra, que las respectivas entidades públicas han entendido, en contrapartida, que dichos servidores no les asiste tal protección, dando lugar a una controversia cuya resolución compete a los tribunales de justicia, lo cual se confirma, además, por las múltiples acciones jurisdiccionales intentadas y actualmente en curso”. Además, que Contraloría se abstendrá de resolver en estas materias.

Es algo que los empleados fiscales ya saben y que los convocó, sobre todo, para la asamblea nacional y regional que ocurrió ayer martes 26 de noviembre. Evelyn Córdoba, presidenta regional de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), sinceró: “El día jueves 28 de noviembre vamos a paro, vamos a tener una marcha entre las 10:30 y las 11:00 horas. Nos vamos a plegar en Avenida Bulnes, diagonal Don Bosco, y vamos a marchar hasta la Plaza Muñoz Gamero”. 

Debates

Córdoba puso en contexto la discusión ocurrida el martes: “Estamos iniciando la mesa de negociación del reajuste, pero paralelo a eso, el día viernes se supone que vienen todas las renovaciones de contrato de todos los funcionarios públicos a contrata en el Estado. Como ANEF, rechazamos el dictamen de Contraloría, porque deja vulnerable a miles de trabajadores del Estado y que se supone que el 29 deberían recibir la orden de renovación o no renovación de contrato. Ese es el principal motivo de la marcha”. 

Es estratégico también realizar la movilización y paralización el 28, el día previo a la contrata. 

En la mesa del sector público, por otra parte, junto al reajuste (que desde ANEF exigen que sea del 3% en función del Índice de Precios del Consumidor), dialogan también sobre la implementación de la Ley de las 40 horas laborales; la “ley permanente de trabajo híbrido del Estado para que haya una real conciliación de vida familiar y laboral”, añadió la dirigenta gremial, entre otros.

Diálogo nulo

Los parlamentarios representantes de la Región de Magallanes, dijo la presidenta regional de la Asociación, no se han acercado a hablar con ellos. Es más, en el Congreso, en Valparaíso, algunos (no precisó si magallánicos) han criticado que “funcionarios no tenemos derecho a  reajuste porque atendemos mal, pero eso no es así. Puede ser que uno u otro tenga algún problema y no lo sabemos, pero el 98% de los funcionarios públicos que atienden a las personas los atienden bien. Si vas a Fonasa o Registro Civil, tienen premio por atención de calidad. ¿Cómo van a decir que no tienen derecho a un reajuste?”.

Eso, desde el punto de vista del Legislativo. En el Ejecutivo la cosa ha sido, quizás, más explícita. Recordó Córdoba: “El otro día, tanto al mismo delegado (presidencial regional de Magallanes y la Antártica Chilena, José Ruiz), cuando fuimos a entregar nuestros aportes para las Jornadas por la Rehabilitación me lo encontré y le solicité una reunión para hablar con él en la semana por el dictamen de Contraloría. Me dijo que hablara con su jefe de gabinete y le dije a este último que debía tener una reunión con el delegado antes del 28, y nada. A no ser que me reciba el mismo jueves, no sé qué va a pasar. La idea era conversar antes para tantear lo del dictamen... Sabemos que Contraloría es un ente autónomo, pero el que renueva los contratos es el Estado”.

Fuentes de la misma Delegación aseguraron que las solicitudes de reunión por parte de Córdoba y en consecuencia, la ANEF, no se han hecho por los canales formales, ni tampoco informales, dígase correo electrónico, llamado telefónico o mensajería instantánea. 

Confianza legítima

Quieren que se restituya la idea de confianza legítima que había desde 2016. Pero de Contraloría, por otra parte, tampoco ha habido ninguna respuesta, “ni regional, ni nacional”, acotó la dirigenta.

Lo que sí pasó fue que hubo dos parlamentarios que presentaron un proyecto de Ley para retrotraer la decisión. 

Ahora bien, el próximo jueves (y esto es lo importante) habrá intervenciones en el Registro Civil, Aduanas, en el Servicio Local de Educación (SLEP), en la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Obras Públicas, en el Servicio Nacional del Consumidor, el Servicio de Vivienda y Urbanismo, Servicio Nacional de Pesca, y Tesorería. Además, ayer se conoció la adhesión al paro del Colegio de Profesores y de la Junji.

La reunión del martes fue de 35 presidentes de asociaciones. ¿Qué va a pasar? “Van a atender en turnos éticos”, cerró.

Confianza legítima

La diferencia sustancial está en que la confianza legítima para la renovación de contrato ya no pasará por Contraloría, sino por los Tribunales de Justicia. Según el informe trimestral de Recursos Humanos del Sector Público de la Dirección de Presupuestos (Dipres) de agosto pasado, en el Gobierno hay 274.350 funcionarios a contrata, que corresponden al 56,3% del total de la dotación. La de los trabajadres de planta, en tanto, son 103.525 (21,2%).