Tras las críticas hechas desde la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) a la Delegación Presidencial Regional (DPR) por no concretar una reunión, finalmente este miércoles se llevó a cabo el diálogo. A un día del paro nacional de los funcionarios públicos, Evelyn Córdoba, presidenta regional de la ANEF, llegó hasta la oficina de José Ruiz, el delegado presidencial regional, para abordar las demandas de a quienes representa. 

Córdoba contó parte de la reunión: “Por lo que él señala, no habría desvinculaciones en Magallanes por el tema de la confianza legítima. Si hay o llegase a haber, es porque están realmente fundadas. No me dijo en qué servicios ni cuántos, tampoco si efectivamente hay o no, porque también está buscando o recogiendo la información de parte de los servicios. Pero al parecer, la renovación en casi todos los servicios estarían al 100%”. 

La reunión fue productiva, pues no solo se trataron los temas nacionales, sino también la sobrecarga laboral que recaería en algunos trabajadores en razón de las licencias médicas de otros: “La sobrecarga laboral por temas de licencias médicas, de que justamente la Dipres (Dirección de Presupuesto), cuando hay un funcionario que se va, se demora hasta seis u ocho meses en reponerlo, siendo que las platas están en Dipres”.

Respecto de temas regionales, se planteó la coordinación de una mesa de trabajo para la protección de trabajadores del Estado, “sobre todo para quienes trabajan en fronteras, para reforzar y proteger, porque muchas veces se ven amenazados. Como funcionarios públicos no tenemos ningún resguardo. Vamos a iniciar una mesa de trabajo para reforzarlo”.

Fuentes próximas a la Delegación confirmaron el trato de “temas de interés general”. También aseguraron que la política es “de puertas abiertas cada vez que se requiera abordar alguna situación”.

Confianza legítima

Luego, en las noticias de las 13:00 horas de El Pingüino Multimedia, la dirigenta gremial contó que la adhesión a la paralización será del 98%, a los que se sumarán también el Colegio de Profesores, profesionales de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) y las agrupaciones de los municipios.

La demanda principal apunta al dictamen de Contraloría relativo a la confianza legítima, que antes resolvía el ente contralor y que ahora derivó a los tribunales de justicia: “En 2016, el contralor Bermúdez sacó un dictamen en que señalaba que después de dos años de renovaciones, tenía una confianza legítima y por ese solo hecho tenían que renovarte, a no ser que el funcionario público esté en un sumario o haya cometido un acto grave. Después de dos años quedaban ‘tranquilos’; los 30 de noviembre viene el Estado, nuestro empleador, a revisar esta contratación. Después de dos años había confianza de continuidad, lo que se pierde con este dictamen de Contraloría y lo delega a tribunales. En un fallo de tribunales apuntaban a cinco años para la confianza legítima y podían seguir trabajando. Pero también es una lucha larga en la que, de acuerdo al juez de turno, va a decidir si el funcionario efectivamente tiene el derecho de seguir trabajando o no, o también del recurso del funcionario público, porque no todos tienen la capacidad monetaria de contratar un abogado para que los puedan defender y continuar en el servicio”.