Pudo ser que la llamada de por sí desconcertara a quienes estaban al otro lado de la línea: decía un hombre que necesitaba la ayuda de Carabineros de Chile porque lo estaban amenazando, porque no había pagado una droga que había comprado. 

Si hubiese sido para comercializarla ilegalmente, se graficaría como que al proveedor lo amenazaban los proveedores. Ese eslabón de la cadena del tráfico ilícito de sustancias que podría ser la puerta de entrada para algo más grande.

Fue por esa razón que los funcionarios policiales llegaron a calle Manuel Gandarillas, a la altura del 40, el punto donde se suponía estarían los protagonistas de la denuncia. Y cuando llegaron, “se encontraban los ocupantes del vehículo a bordo del mismo”, un automóvil marca Suzuki, modelo Swift, según contó el fiscal Fernando Dobson, del Ministerio Público, durante el control de detención del domingo en la mañana.

El persecutor siguió: “Al momento de pretender identificar a los ocupantes, el móvil se da a la fuga rápidamente por diversas arterias de la ciudad, efectuando maniobras evasivas, infringiendo normativa de tránsito, para luego también descender los ocupantes del vehículo en movimiento, y despojándose además de elementos que portaban en la huida”. 

En ello fue que detuvieron a Michel Angulo Torres, de nacionalidad colombiana, originario de Buenaventura, en situación migratoria irregular que, según dijo el propio detenido, había llegado hace cuatro días a Chile. 

Carabineros pudo constatar, de acuerdo al documento policial del procedimiento, que éste tenía 5 gramos 530 milígramos de cocaína y “la suma de $416 mil en dinero en efectivo, no dando su justificación en relación a la tenencia de estas especies”, añadió Dobson.

En la huida también botaron un banano en el que había un teléfono celular, un anillo, $396 mil en efectivo, una billetera y una cédula de identidad colombiana a nombre de un tercero.

De los otros dos sujetos, el fiscal señaló que “hay algunos elementos de los que se pudo incautar eventualmente, pero al momento del plazo de flagrancia no fueron habidos”.

La Justicia dictó 90 días de plazo de investigación. Angulo quedó con las medidas cautelares de arraigo regional y firma periódica. Todo, los el delito de tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas, tipificado en la Ley 20.000.