En un contexto de creciente escepticismo frente a la política habitacional en Magallanes, la consejera regional Roxana Gallardo ha emitido críticas respecto de la reciente convocatoria del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través del Serviu Magallanes, para la compra de terrenos destinados a proyectos habitacionales.

“El banco de suelo fue creado en el gobierno anterior; no tiene nada de nuevo”, señaló Gallardo al referirse a las adquisiciones realizadas en 2023 y 2024 mediante el convenio Minvu Core, que ya habían complementado el inventario existente.

Además, enfatizó: “Creo que ya es un poco tarde para ponerse a buscar más terrenos para incrementar el banco de suelo”, lo que califica como una medida tardía en pleno contexto de emergencia habitacional en la región.
La crítica de la consejera se profundiza al atacar la forma de comunicar del actual Ejecutivo.

“Además, creo que estos anuncios son un poco perversos porque juegan con las ilusiones de la gente que legítimamente sueña con tener su casa. Hablar de proyectos habitacionales cuando se anuncia la búsqueda para una posible adquisición de terrenos es jugar con la buena fe de las personas”, afirmó de forma contundente.

Gallardo, a su vez, no dudó en poner en evidencia prácticas comunicacionales previas. En tal sentido recordó el anuncio realizado en junio de 2023 por la entonces ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, en el que se promocionaba la recuperación del Regimiento Pudeto y se garantizaban “10 hectáreas” con miras a la construcción de “500 viviendas”.

“Que expliquen qué pasa con esas 10 hectáreas que fueron anunciadas con bombos y platillos,” criticó, agregando que “todo fue mentira, uno más de los anuncios vacíos de este Gobierno”.

Con sus declaraciones, Gallardo no solo cuestiona la vigencia de una política que se remonta al gobierno anterior, sino que urge a esclarecer la brecha entre la retórica y la ejecución de medidas habitacionales en Punta Arenas.

La denuncia se inscribe en un debate en el que, ante cifras y compromisos que parecen no materializarse, la transparencia y la efectividad de la política pública cobran especial relevancia para una ciudadanía que anhela soluciones reales a la crisis de vivienda.