Un drástico e inédito endurecimiento en las reglas del control migratorio y las potestades de expulsión del Estado chileno fue el que notificó la máxima autoridad del país desde la primera línea de vigilancia fronteriza. El Presidente de la República, José Antonio Kast, concretó este domingo una jornada de revista operacional en terreno en la Región de Arica y Parinacota, hito donde supervisó los avances tecnológicos del Plan Control Fronterizo y anunció formalmente el ingreso al Congreso de dos proyectos de ley clave diseñados para dotar de dientes y herramientas punitivas a las policías ante la crisis migratoria de la Macrozona Norte.

El Mandatario, secundado en la pauta por el ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, y la presidenta del Senado, Paulina Núñez, recorrió los puntos tácticos donde las Fuerzas Armadas ejecutan el patrullaje de pasos no habilitados empleando tecnología de punta en este junio de 2026.

De 5 a 60 días: El fin de la "puerta giratoria" de las expulsiones administrativas

El primer gran anuncio formulado por el Jefe de Estado apunta a corregir un vacío legal en la actual Ley de Migraciones que, a juicio del Ejecutivo, boicotea de forma sistemática la materialización de las salidas forzadas debido a la falta de convenios aéreos oportunos.

Kast explicó que la legislación vigente amarra de manos a las policías al otorgar un plazo máximo de solo cinco días corridos para mantener retenido a un extranjero una vez ubicado y notificado de su decreto de expulsión. Si en ese estrecho margen no se consigue el avión de retorno o la autorización del país de origen, la ley obliga a dejarlo en libertad en el territorio nacional, debiendo reiniciarse todo el rastreo desde cero.

“Eso se tiene que terminar. Vamos a presentar una idea de legislar para que estos cinco días se puedan aumentar de forma drástica de 5 a 60 días de retención legal, con la posibilidad latente de prorrogar ese plazo si la contingencia lo amerita. De este modo, el Estado contará con el tiempo necesario para coordinar la logística, contratar los vuelos charter y concretar la expulsión como corresponde. Es una herramienta potente para llevar adelante una sanción administrativa justa sobre quienes ingresaron vulnerando nuestra soberanía”, argumentó de forma tajante el Presidente de la República.

Cárcel para los transportistas: Modificación al Código Penal

La segunda ofensiva legislativa del Palacio de La Moneda busca cortar de raíz el modelo de negocios de las bandas de tráfico de migrantes y de las empresas de transportes interurbanos e informales que lucran movilizando a extranjeros indocumentados hacia las regiones del centro y sur de Chile.

El Mandatario denunció una práctica recurrente en la frontera: personas que ingresan de forma clandestina, realizan el trámite de autodenuncia ante la autoridad fronteriza para evitar la detención inmediata y acto seguido abordan buses o furgones piratas que los trasladan de ciudad en ciudad por la Ruta 5 Norte.

Para neutralizar este circuito logístico, el proyecto del Gobierno ingresará una modificación estructural al Código Penal. El texto buscará tipificar como un delito flagrante y una agravante penal el acto de trasladar o transportar a inmigrantes irregulares dentro de la Nación, persiguiendo criminalmente no solo a las mafias transnacionales de "coyotes", sino también a las redes de transportistas locales que colaboren con el flujo logístico de la irregularidad.

Inspección en la Brigada Coraceros y el Punto Beta

Antes de formalizar los anuncios legislativos ante la prensa, el Presidente Kast y su comité de seguridad se acuartelaron en las dependencias de la 1ª Brigada Acorazada "Coraceros" del Ejército de Chile, donde recibieron un detallado informe de inteligencia y despliegue táctico por parte de los altos mandos castrenses encargados del resguardo de la macrozona. En la instancia, el Gobierno pasó revista a las nuevas capacidades tecnológicas financiadas por el Estado, las cuales incluyen flotas de drones de vigilancia térmica de largo alcance, cámaras corporales en alta definición para el personal militar y sistemas integrados de monitoreo geoespacial.

Posteriormente, la comitiva presidencial se trasladó bajo estrictas medidas de seguridad al Punto de Observación Beta —hito crítico en la línea de la Concordia— y a los andenes de revisión del Complejo Fronterizo Chacalluta, donde constataron el endurecimiento de los controles contra el crimen organizado transnacional y las bandas de narcotráfico.

Kast cerró la jornada reafirmando el compromiso de su administración con una "presencia efectiva e intransigente del Estado en cada metro cuadrado del territorio nacional", sentando las bases del debate legislativo que encenderá la discusión política en Valparaíso durante las próximas semanas del presente año 2026.