El debate en torno a los mecanismos de fiscalización financiera y la persecución del dinero que financia el delito de alta complejidad entró en una fase definitoria. Tras participar en el comité político habitual en el Palacio de La Moneda, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció formalmente este lunes 8 de junio de 2026 que el Gobierno ingresará una propuesta concreta ante el Congreso Nacional para modernizar y avanzar en el levantamiento del secreto bancario, apuntando a asfixiar el sustento económico de las bandas del crimen organizado que operan en el territorio nacional.

Esta definición del jefe del equipo económico marca un paso al frente y sepulta las dudas respecto de las declaraciones que él mismo había emitido la semana pasada ante la comisión respectiva en el Senado, oportunidad donde reconoció de forma escueta que se encontraba dándole “una vuelta” de tuerca al asunto en busca de soluciones intermedias. "Pensamos que hay formas inteligentes de, a lo mejor, mejorar nuestra legislación y colaborar más en ello”, había adelantado ante la Cámara Alta.

Sin orden judicial no hay apertura: La analogía del ministro

Pese a la apertura política para robustecer el control estatal y dotar de mayores dientes a las unidades de inteligencia financiera, el secretario de Estado fue categórico en delimitar las fronteras de la propuesta de ley, asegurando que el diseño del Ejecutivo blindará de manera irrestricta los derechos civiles de los contribuyentes.

El ministro Quiroz reiteró que el Gobierno adhiere plenamente al “principio fundamental” de que el alzamiento de la reserva bancaria debe ejecutarse siempre y bajo cualquier circunstancia con el visado previo de una orden judicial, cerrando la puerta a las pretensiones de que organismos fiscalizadores administrativos —como el Servicio de Impuestos Internos (SII) o la Unidad de Análisis Financiero (UAF)— tengan acceso directo y discrecional a las cartolas privadas:

“Levantar el secreto bancario es poner un criterio de equilibrio en un tema de privacidad profunda. Así como hay privacidad en el hogar, uno no quiere que le intercepten las llamadas telefónicas de red fija, no quiere que le intercepten los teléfonos celulares ni la correspondencia escrita de puño y letra. Tampoco quiere uno que se le vulnere la privacidad de las cuentas bancarias sin una orden emitida por un juez de la República. Es un principio básico del derecho democrático al cual este ministerio adhiere plenamente”, sentenció el jefe de las finanzas públicas.

En línea con las prácticas mundiales y bajo estricta reserva

El titular de Hacienda precisó que, más allá del debate judicial, el marco normativo chileno posee amplias brechas que deben subsanarse para detectar el origen de patrimonios injustificados. "Hay muchas más cosas técnicas que se pueden hacer en materia de prevenir el lavado de dinero en el ecosistema financiero. Acá en el ministerio hemos estado trabajando de forma interna y lo que vamos a hacer es proponerla a los legisladores desde el Ejecutivo”, precisó, añadiendo que estas enmiendas buscan poner al día a Chile respecto de los estándares de la OCDE y las mejores prácticas internacionales en la materia.

Respecto al contenido específico, las letras chicas del articulado y la fecha exacta en que las indicaciones ingresarán a las comisiones parlamentarias, el jefe económico de La Moneda optó por mantener una estricta reserva técnica, evitando adelantar los ejes que regularán la supervisión de la banca para no entorpecer las negociaciones políticas previas con la oposición.