El
pasado 16 de mayo se cumplieron 3 años de que el gobierno del
Presidente Boric mantiene el estado de Excepción Constitucional en forma
ininterrumpida en la Araucanía. Una medida que en un principio era
excepcional y puntual y por cierto contraria a los valores e ideales del
gobierno de Apruebo Dignidad, pero se ha transformado en una política
permanente, en donde su renovación es un mero trámite. El dialogo quedó
atrás, la empatía con la causa Mapuche en el olvido y los compromisos de
campaña esfumados. Arauco tiene una pena y la mayor de las penas es la
traición.
Sin
temor a equivocarme, en su época de diputado, el actual Presidente de
la República, siempre cuestionó y votó en contra de los estados de
excepción en la Araucanía, argumentando que no era la solución al
conflicto. Ya de candidato presidencial declaró “no podemos seguir con
las mismas recetas que han profundizado la violencia que hoy día se vive
en la Macrozona Sur”. Una vez electo en enero de 2022 expresó que “no
es la solución” para los problemas en la Araucanía y que no renovaría el
estado de excepción. Sin embargo, luego del fracaso de la comitiva de
la ministra Siches, el presidente dió un vuelco en 180° a su compromiso y
a partir del 16 de mayo de 2022 decretó el estado de excepción en la
Araucanía y durante 3 años lo ha mantenido en forma ininterrumpida,
renovándolo en múltiples ocasiones. Si bien se optó por una estrategia
alternativa denominada “estado de excepción intermedio”, igualmente se
desplegaron militares para resguardar rutas. Un continuismo excesivo de
las políticas de militarización. La falta absoluta de un plan de acción e
intervención que priorice el diálogo y la búsqueda de acuerdos
efectivos.
Desde
la recuperación de la democracia distintos gobiernos han intentado
abordar el conflicto en la Macrozona Sur creando diversas instancias de
diálogo. El presidente Lagos creó la Comisión de Verdad Histórica y
Nuevo Trato el año 2001; la presidenta Bachelet creo la creó la Comisión
Asesora Presidencial de la Araucanía en 2016 y el presidente Piñera
hizo lo propio a través del Plan Araucanía en 2018. Todas planteaban el
reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y comprometían
fondos para diversas iniciativas, todas quedaron en meras promesas.
Nunca hubo compromiso real del Estado de Chile por hacer justicia.
El
presidente Boric hace pocos días recibió el informe de la Comisión para
la Paz y el Entendimiento que a diferencia de comisiones anteriores
tenía su foco en buscar un mecanismo para la restitución de tierras al
pueblo mapuche y medidas de reparación a las víctimas de violencia. La
comisión propone 21 recomendaciones centradas en cuatro áreas claves:
reconocimiento constitucional de los pueblos originarios (incluye la
creación de un Consejo de los Pueblos), restitución de tierras (con un
fondo de 4 mil millones de dólares), reparación a las víctimas de la
violencia (incluye ambas partes) y políticas de desarrollo del
territorio (económicas y sociales). El documento presentado al
presidente fue aprobado por siete votos a favor y uno en contra, a pesar
de la pluralidad de sus miembros. Si bien hubo discrepancia
(especialmente en el número de hectáreas a restituir), la comisión
llegar a acuerdos en lo medular, haciendo converger distintas tesis. He
de esperarse que dichos acuerdos sean igualmente consensuados cuando el
ejecutivo presente los proyectos de ley en el congreso. De igual forma
es esperable que se encuentre la fórmula para comprometer los dineros
requeridos para las distintas medidas que surgen de las recomendaciones
de la Comisión, en especial aquellas que comprometen restituir tierras.
Ojalá los resultados de la Comisión no sean letra muerta, como intentos
anteriores de otros Gobiernos.
A
diferencia de lo que ha ocurrido en otros países y otras economías en
las últimas décadas, Chile se ha ido quedando atrás en torno a los
derechos ancestrales y territoriales de los pueblos originarios. A pasar
de las recomendaciones del Banco Mundial en los 90 y de la OCDE a
principios de este siglo, nuestra política no ha sido capaz de abordar
las soluciones requeridas para la relación Estado y Pueblos Originarios.
Múltiples comisiones han llegado a conclusiones similares; sin embargo,
los acuerdos no se trasforman en leyes y los conflictos se agravan cada
vez más. Lo lamentable es que hoy al parecer los candidatos de derecha
se niegan a avanzar en materias obvias y el Estado no tiene el dinero
para abordarlas o priorizarlas. Y Arauco sigue teniendo una pena.