El anuncio del cierre del Hogar del Samaritano en Punta Arenas, operado por la Fundación FIDE XII, ha encendido una alarma que va mucho más allá de una crisis administrativa o financiera. Más de 20 adultos mayores, muchos de ellos en situación de dependencia y vulnerabilidad, enfrentan la incertidumbre de ser reubicados en un sistema que, aunque intenta responder, revela sus grietas más profundas.
La Fundación, que arrastra deudas millonarias y problemas en la rendición de recursos públicos, ha decidido cesar sus operaciones. Si bien se trata de una institución privada, el impacto de su cierre recae directamente en el Estado, que debe garantizar que ningún residente quede desprotegido. El Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) y el Ministerio de Desarrollo Social han iniciado un proceso de acompañamiento técnico para buscar alternativas de reubicación. Pero ¿es esto suficiente?
Chile es uno de los países más envejecidos de América Latina, con proyecciones que indican que para 2050, el 31,2% de la población será mayor de 60 años. Este cambio demográfico exige una transformación estructural en las políticas públicas, no sólo en términos de cobertura, sino también de calidad, fiscalización y dignidad.
El Estado no puede limitarse a ser un actor reactivo. Debe asumir un rol proactivo, con políticas integrales que aseguren el bienestar físico, emocional y social de las personas mayores. Esto incluye fortalecer la red de Establecimientos de Larga Estadía (Eleam), garantizar estándares mínimos de atención, y fiscalizar con rigor el uso de recursos públicos destinados a este fin.
El caso del Hogar del Samaritano no debe quedar como una anécdota local. Es un llamado urgente a revisar el modelo de cuidado, a reforzar la supervisión de instituciones privadas que reciben fondos estatales, y a reconocer que el envejecimiento de la población no es una amenaza, sino una oportunidad para construir una sociedad más justa y solidaria.
Nuestros adultos mayores no son cifras ni cargas. Son historia viva, memoria colectiva y dignidad encarnada. El Estado tiene el deber moral y constitucional de protegerlos. Y nosotros, como sociedad, el compromiso de no mirar hacia otro lado.