Para quienes viven en la ciudad más austral del mundo, ver a un médico especialista no es un trámite sencillo. Requiere de una logística que incluye vuelos sujetos al clima o más de 36 horas de navegación. Históricamente, las licencias médicas permitían que esta barrera geográfica fuera mitigada para los trabajadores; sin embargo, un reciente recorte presupuestario ha dejado este beneficio en suspenso.
“Decisiones centralizadas”
La diputada Javiera Morales fue enfática en señalar que esta resolución desconoce la realidad de la Provincia Antártica. “Nos prometieron que los recortes no afectarían los beneficios sociales y, nuevamente, nos enfrentamos ante una decisión que priva de salud a los habitantes de la isla”, sostuvo la parlamentaria.
Morales ejemplificó el drama humano tras el oficio: desde madres que no podrán llevar a sus hijos a un broncopulmonar en pleno invierno, hasta jubilados que quedarán sin acompañamiento para sus exámenes de rigor.
Impacto en los trabajadores
Además del riesgo sanitario, la suspensión genera un perjuicio laboral. Al no contar con licencia, los trabajadores se ven forzados a:
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Utilizar días administrativos o de vacaciones para viajar.
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Costear traslados sin el respaldo de la cobertura de salud para estos fines.
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Perder horas médicas en Punta Arenas debido a la imposibilidad de viajar sin justificación laboral legal.
Exigencia de respuestas
A través del oficio, la diputada solicitó al Ministerio de Salud y a la COMPIN que informen el fundamento técnico de este recorte. “Puerto Williams no puede ser solo un símbolo de soberanía. Necesitamos decisiones que protejan a quienes hacen patria en el territorio más austral”, concluyó. La medida ha puesto en alerta a la comunidad local, que ve en este ajuste un retroceso en el compromiso de descentralización del país.