El Ministerio de Hacienda destacó recientemente el avance del proyecto de Fomento al Hidrógeno Verde, calificándolo como una señal de confianza en el liderazgo de Magallanes dentro del desarrollo de esta industria emergente.
Sin embargo, diversos actores políticos y candidatos al Parlamento manifestaron reparos sobre el alcance tributario y la viabilidad económica de la iniciativa, despachada hace algunos días desde la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
El proyecto establece un marco de incentivos por US$2.800 millones para promover la demanda de hidrógeno verde, e incluye una contribución regional del 1% que se aplicará al inicio de las obras de construcción. Este cambio —impulsado por la diputada Javiera Morales— reemplaza el pago en la etapa de obtención de la RCA, con el objetivo de evitar que las empresas tributen antes de concretar su inversión.
“Logramos trasladar el pago al inicio de la construcción y asegurar que parte importante de los fondos queden en la región, destinados a fines sociales, energéticos y de desarrollo productivo”, señaló Morales, quien busca la reelección.
La parlamentaria comparó este mecanismo con el antiguo Fondema, describiéndolo como un “Fondema 2.0” orientado a que la industria del hidrógeno verde genere beneficios reales para la comunidad.
Críticas desde la oposición
El candidato republicano Alejandro Riquelme calificó la medida como “un maquillaje político” y aseguró que el Gobierno debería centrarse en reducir trabas y dar certezas a la inversión, en lugar de sumar nuevas cargas.
“En una región que aún busca consolidar su reactivación, cualquier sobrecosto puede marcar la diferencia entre atraer o perder proyectos”, advirtió.
Por su parte, Juan Srdanovic Arcos, también aspirante al Congreso, coincidió en la necesidad de fortalecer los ingresos regionales, pero advirtió que “no se debe caer en la tentación de crear impuestos que terminen encareciendo el emprendimiento”.
“Si se logra asignar recursos a las regiones sin aumentar la carga total, es una excelente idea. Pero si se traduce en nuevos cobros o más trámites, se afectará la certeza jurídica y la competitividad”, apuntó.
El debate refleja las tensiones políticas y económicas en torno al desarrollo energético en Magallanes: mientras el Gobierno impulsa el proyecto como una oportunidad histórica para combinar inversión verde y justicia territorial, parte de la oposición advierte que un exceso regulatorio podría frenar la competitividad internacional, especialmente frente al avance de países vecinos como Argentina.