La Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud
sostuvo que una denuncia de esta magnitud no puede quedar sólo en declaraciones
públicas y exigió que los antecedentes sean puestos a disposición de la
justicia para identificar, investigar y sancionar a quienes hayan participado
en eventuales actos de corrupción que afectan la transparencia de las compras
públicas, la competencia y la atención de los pacientes.
Tras las declaraciones realizadas por la ministra de Salud,
May Chomalí, quien en una entrevista de prensa denunció la existencia de
presuntas irregularidades y prácticas de corrupción en procesos de licitación
del sistema público de salud, la Asociación de Proveedores de la Industria de
la Salud (APIS) emplazó a la secretaria de Estado a presentar formalmente todos
los antecedentes ante la justicia para que estos hechos sean investigados y, de
acreditarse responsabilidades, se sancione con el máximo rigor a quienes hayan
participado en estas prácticas.
El director ejecutivo de APIS, Eduardo del Solar, sostuvo
que una denuncia de esta gravedad no puede limitarse a declaraciones realizadas
a través de los medios de comunicación, ya que involucra eventuales delitos que
afectan directamente la transparencia de las compras públicas, la libre
competencia, el correcto uso de los recursos del Estado y, en definitiva, la
calidad de la atención que reciben los pacientes.
“Si existen antecedentes de que hubo procesos de
licitación alterados o prácticas de corrupción, estos deben ser puestos de
inmediato a disposición del Ministerio Público. No basta con hacer una denuncia
por la prensa; corresponde que la autoridad ejerza todas las acciones legales
necesarias para que los responsables sean investigados y sancionados. Cuando se
trata de hechos de esta gravedad, el deber de cualquier autoridad es acudir a
la justicia”, afirmó.
Del Solar recordó que APIS representa a empresas que operan
bajo estrictos estándares de integridad, promoviendo un Código de Ética y
políticas de compliance que constituyen un compromiso permanente con la
transparencia y la probidad en la industria de los dispositivos médicos.
“Como gremio no podemos permanecer indiferentes frente
a afirmaciones de esta naturaleza. Nuestros asociados cumplen exigentes
estándares éticos y de cumplimiento normativo, por lo que no podemos aceptar
que denuncias tan graves terminen enlodando a toda una industria integrada, en
su inmensa mayoría, por empresas que trabajan con profesionalismo y apego
irrestricto a la ley. Si existen personas o empresas que incurrieron en actos
irregulares, deben ser identificadas, investigadas y responder ante los tribunales”,
enfatizó.