En el marco del proceso presidencial 2025 y ante uno de los desafíos sociales más urgentes del país, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) dio a conocer 25 propuestas de implementación inmediata destinadas a enfrentar el déficit habitacional y reactivar la infraestructura pública.
Se trata de medidas administrativas de corto y mediano plazo, que no necesitan tramitación legislativa, pero sí voluntad política, coordinación interinstitucional y colaboración público-privada para su puesta en marcha. La iniciativa ya fue compartida con los comandos y equipos programáticos de los principales candidatos presidenciales, con el objetivo de generar compromisos concretos que permitan activar soluciones desde el primer día del nuevo gobierno.
Déficit habitacional: una urgencia nacional
De acuerdo con cifras del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Chile enfrenta un déficit habitacional superior a las 650 mil viviendas, lo que afecta a más de dos millones de personas sin acceso a una solución habitacional adecuada.
Entre las causas de esta crisis se encuentran la baja producción de viviendas sociales, la burocracia en la aprobación de proyectos, la especulación del suelo urbano y la ausencia de una política territorial moderna.
El Plan de Emergencia Habitacional, impulsado en 2022 por el gobierno actual, buscaba entregar 260 mil viviendas durante el período presidencial. Sin embargo, la inflación en los costos de construcción, la escasez de suelo urbano y los retrasos administrativos han ralentizado el avance. En este contexto, las propuestas de la CChC surgen como un complemento necesario para destrabar procesos y acelerar la producción habitacional.
Medidas clave para aumentar la oferta y usar mejor el suelo
De las 25 medidas presentadas, 18 se centran en el ámbito de la vivienda. Entre las más relevantes destacan:
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Facilitar la construcción en zonas urbanas bien conectadas, cercanas a ejes de transporte o estaciones de metro y tren. Para ello, se propone establecer coeficientes mínimos de constructibilidad que incentiven la densificación equilibrada.
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Actualizar el factor de conversión de habitantes por vivienda, adaptando la planificación urbana a las nuevas realidades familiares, donde crecen los hogares unipersonales y las familias pequeñas.
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Permitir la enajenación de suelos fiscales y Serviu en ciudades con terrenos estatales disponibles, aplicando criterios técnicos y sociales que aseguren el desarrollo urbano sostenible y eviten la expansión descontrolada.
Estas medidas apuntan a aumentar la oferta habitacional, reducir los tiempos de ejecución y generar ciudades más compactas y equitativas.
Reactivación económica e infraestructura pública
Las otras siete propuestas están enfocadas en fortalecer la infraestructura pública y reactivar el sector construcción, con el fin de dinamizar la economía, generar empleo y mejorar la conectividad nacional.
Entre ellas destaca la aceleración de obras de mejoramiento en concesiones existentes, muchas de las cuales ya cuentan con estudios técnicos avanzados y podrían ejecutarse en el corto plazo, inyectando miles de millones de dólares en inversión.
Asimismo, la CChC propone reforzar la capacidad técnica y de gestión de la Dirección General de Obras Públicas, especialmente en su división de inversiones, para agilizar la tramitación y fiscalización de proyectos, garantizando eficiencia, transparencia y cumplimiento de estándares técnicos y financieros.