Industria del hidrógeno verde propone ocho reformas clave al próximo gobierno

En medio de la segunda vuelta presidencial entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, la Asociación Chilena de Hidrógeno (H2 Chile) presentó a los equipos programáticos un documento con ocho reformas prioritarias para asegurar la continuidad de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde (H2V) y destrabar inversiones por más de US$40 mil millones que hoy están en evaluación ambiental.

La organización —que reúne a empresas, centros tecnológicos y actores públicos del ecosistema H2V— advierte que, pese al portafolio de proyectos anunciados, la industria enfrenta nudos críticos que podrían frenar el despegue del nuevo combustible, cuyo potencial proyectado supera los US$170 mil millones en desarrollo.


Propuestas Clave y Ordenamiento Territorial

Entre las propuestas, H2 Chile plantea medidas para agilizar la tramitación y ordenamiento del sector:

  • Acelerar Permisos: Instaurar una ventanilla única y crear un recurso único de reclamación para reducir la judicialización ambiental.

  • Acuerdos Comunitarios: Otorgar fuerza legal a los acuerdos tempranos con comunidades para evitar impugnaciones posteriores.

  • Ordenamiento Territorial: Urgir el ordenamiento, especialmente en regiones como Antofagasta, Biobío y Magallanes, donde faltan definiciones para compatibilizar proyectos energéticos, industria, comunidades y conservación.

  • Gobernanza: Proponer una política nacional específica para el hidrógeno verde con gobernanza interministerial.

Costos y Demanda Doméstica

El alto costo de la electricidad ( a del costo del hidrógeno) es otro frente crítico. La industria plantea reformas al sistema de transmisión, servicios complementarios y tarifas.

En materia de incentivos, se proponen créditos tributarios por producción, depreciación acelerada y exenciones de IVA y aranceles para equipamiento.

Finalmente, el gremio plantea impulsar la demanda doméstica, con metas de consumo voluntarias u obligatorias en minería y transporte pesado, junto con que empresas públicas como ENAP y Codelco actúen como primeros compradores mediante licitaciones competitivas.

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