El fiscal Sebastián González estuvo a cargo de comunicar los cargos, señalando que la imputación se origina por la emisión de un decreto alcaldicio en julio de 2022, dictado en el contexto de una licitación pública para ejecutar un proyecto de agua potable rural destinado a las localidades de El Selknam y Los Cisnes, en Porvenir.
Cautelar desestimada y defensa cuestiona la existencia de delito
Tras la imputación, la Fiscalía solicitó la medida cautelar de firma mensual para el alcalde Parada. No obstante, el Tribunal desestimó la petición, considerándola excesiva para un delito que no contempla pena de cárcel, y resolvió que el edil deberá firmar cada dos meses.
La defensa, encabezada por Rodrigo Lillo, jefe de estudios de la Defensoría Regional de Magallanes, cuestionó la configuración del delito, afirmando que los hechos se vinculan a un proyecto de agua potable ejecutado en 2019.
Versión del edil: “El proyecto fue armado en el periodo anterior”
El alcalde José Gabriel Parada también se refirió al caso, explicando que las bases de licitación, adjudicación y contrato fueron diseñadas durante la administración municipal anterior.
Agregó que la decisión de finalizar el contrato en 2022 se tomó en conjunto con el gobernador regional Jorge Flies, bajo el entendido de que el Gobierno Regional era el mandante y la Municipalidad el ente técnico.
El jefe comunal lamentó la situación judicial, asegurando que la empresa demandó al municipio tras la terminación del contrato, y expresó su preocupación por las familias afectadas.
El fiscal González confirmó que la investigación continúa en curso y que aún restan diligencias pendientes antes del cierre del proceso.
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