Las explicaciones dadas por la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) no bastaron para calmar los ánimos en las oficinas de Aerovías DAP. La empresa regional -que ha prestado el servicio de helicópteros para las operaciones costa afuera por los últimos 25 años- estudia las acciones legales pertinentes, luego de que la petrolera declarara “terminada” la licitación del servicio de helicópteros costa afuera y negociara directamente con la competidora, pactando un contrato a 8 años con Ecocopter.
Las eventuales acciones legales tendrían su argumento en las irregularidades que, según los ejecutivos de la empresa magallánica, existieron durante el proceso licitatorio y se sumarían a las que estudia el Sindicato de Trabajadores de ENAP para acceder a Contraloría. El gremio, además, presentará este lunes un requerimiento ante la Inspección del Trabajo, por la supuesta vulneración a sus derechos fundamentales que supone la contratación de una empresa que, según declararon, no les da la seguridad que ofrecen los 25 años de experiencia de DAP.
El proceso licitatorio, iniciado en diciembre de 2013, se desarrolló hasta la etapa de ofertas técnicas, en la cual DAP estimó un costo de US$ 35 millones por los ocho años de duración del contrato. Su competidora, Ecocopter, presentó una oferta de US$ 43 millones. ENAP tomó la decisión de declarar “terminada” la licitación y negociar directamente con la compañía más cara, tras lo cual se llegó a un acuerdo por el cual el servicio generará un costo de US$ 34 millones, US$ 9 millones menos que la oferta original.
Parlamentarios
A los cuestionamientos de los consejeros regionales -planteados el lunes en la sesión plenaria del cuerpo colegiado-, se sumaron ayer los de los parlamentarios de la Región de Magallanes, quienes pidieron esclarecer las razones y las circunstancias por las que ENAP declaró desierta la licitación y negoció directamente con Ecocopter.
“Hay que revisar los antecedentes en detalle; acá hay indicios de irregularidades en cómo se dio la licitación del contrato que tienen que esclarecerse”, dijo ayer el diputado Gabriel Boric, quien también hizo referencia a las explicaciones de la petrolera, que argumentó su decisión en un supuesto problema judicial de DAP en Argentina. “De acuerdo con los antecedentes que manejo yo, esas acusaciones son infundadas”, dijo el parlamentario.
En tanto, el diputado Juan Morano sostuvo que “todas las empresas del Estado deben ser absolutamente claras y transparentes en sus procesos licitatorios. Por las informaciones conocidas hasta el momento, en este caso se trataría de una negociación directa con un solo oferente, lo que no es una práctica que hable de competencia y transparencia”.
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