En la “Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología” del Senado, se continúa la discusión de la Reforma Educacional impulsada por el Gobierno de la Presidenta, Michelle Bachelet, con alcances del fin del lucro, del copago y de la selección de los alumnos.
Los análisis son abordados por académicos, investigadores y expertos en educación con el propósito de escuchar nuevas versiones sobre el tema que se discute en segundo trámite constitucional en el Senado luego de ser aprobado en la Cámara de Diputados.
En la última jornada de audiencias públicas del proyecto que regula la admisión de los estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado, participaron académicos de las universidades Católica y Diego Portales y expertos del Centro de Estudios Públicos (CEP).
Una vez que concluyan ruedas de consultas y análisis de especialistas en educación, la comisión podrá recibir indicaciones del Ejecutivo, las que deberían ingresar a fines de noviembre.
El tema que ha resultado polémico suma también otros tres proyectos de leyes que tiene que enviar el Gobierno al Parlamento, uno sobre la “desmunicipalización”, otro sobre “gratuidad de la educación superior”, es decir, universitaria y  otro sobre el “desarrollo de una política nacional docente” para los profesores.
Fin selección
El proyecto que busca poner fin al lucro se aplicará a todos los establecimientos escolares que reciban aportes públicos, con la finalidad de que los sostenedores reinviertan los recursos que obtienen por parte del Estado en mejorar la calidad de la educación.
En cuanto al término del financiamiento compartido, se propone que el Estado elevará gradualmente los aportes que se le entregan a los colegios con el fin de disminuir el copago hasta eliminarlo. Se prevé que al tercer año de aplicarse la ley se habrá igualado el total de recursos con que los padres contribuyen a la educación de sus hijos en los establecimientos subvencionados.
También la iniciativa del Ejecutivo busca poner fin a la selección escolar y la discriminación. Esta acción prohíbe que los establecimientos que reciben financiamiento público apliquen mecanismos para definir el ingreso de sus estudiantes. Esta propuesta promueve y defiende la libertad de elección para las familias, respetando la diversidad de proyectos educativos que existen en el país, es decir, laicos, religiosos, artísticos, deportivos, entre otros.
Categorías
El Ministerio de Educación, informó recientemente al Senado que en Chile hay 12 mil 114 establecimientos educacionales de todo tipo, siendo 602 de ellos particulares pagados de los cuales 70 tienen administración delegada o arrendada.
También se consignó que en el país existen 5.425 colegios y liceos bajo administración de las municipalidades y que los establecimientos educacionales particulares subvencionados suman un total de 6 mil 17 en todo el territorio.
El senador Andrés Allamand, miembro de la “Comisión de Educación”, informó que de los colegios particulares subvencionados 692 pertenecen a personales naturales, que 834 no tienen fines de lucro y que otros 4 mil 374 tendrían un “lucro potencial”, porque tal como se aclaró en la comisión “no hay certeza de que lucren”, expresó el parlamentario, añadiendo que “el Gobierno impulsa una reforma para terminar con los colegios que lucran pero admite no saber si efectivamente lo hacen. Inaudito”, concluyó.
Iglesia
Ayer la Conferencia Episcopal dio a conocer el documento titulado “Una reforma educacional por el bien de Chile” exponiendo a la ciudadanía la posición de la Iglesia Católica ante la reforma en discusión.
“Es imprescindible, se señala, la construcción de un sistema más equitativo y el fin de la segregación social desde la base, favoreciendo mayores grados de integración e inclusión”, se expresa en el documento.
 “Si bien no compartimos en varios aspectos la forma de llevar a cabo la reforma educacional, dada la ausencia de presupuestos claros respecto de la naturaleza, fines y principios de una auténtica educación, queremos aportar propuestas de modo responsable. Así, nos sumamos a la reflexión y contribución de todos los demás sectores que han hecho de la educación un servicio reconocido y significativo a la Patria”.
“Nos parece positivo que se vigile con atención que los recursos proporcionados por el Estado para la educación sean utilizados única y exclusivamente con este fin. Pero nos preocupa que la reforma pueda construirse sobre diagnósticos insuficientes de la verdadera y múltiple realidad de los colegios particulares subvencionados y que pueda afectar el legítimo funcionamiento de las comunidades educativas, sean laicas o confesionales, o desincentive a continuar educando o a crear nuevos colegios”, añade el documento.
Sobre la libertad de enseñanza, se indica como “fundamental que se fomente la diversidad de proyectos educativos en la educación chilena, tan necesaria para la democracia. Nuestra educación debiera manifestar con nitidez los atributos asociados a la libertad de enseñanza: provisión mixta, libertad para el desarrollo de los proyectos educativos con la imprescindible autonomía en la gestión, sin perjuicio de la debida fiscalización y sanciones a los infractores por parte del Estado”.
“Creemos necesario reconocer la concepción laica de la educación en los colegios no confesionales, es decir, no laicista, por tanto, respetuosa de toda expresión religiosa, así como aceptar la concepción cristiana o de otra expresión religiosa de los colegios confesionales, y facilitar la libertad de elección de los padres”, se enfatizó en dicho documento de la Conferencia Episcopal.
Párvulos
Otra reforma es la que tiene que ver con la nueva institucionalidad para la educación parvularia, la que ya fue aprobada en el Parlamento junto a la creación de una “Subsecretaría” y de una “Superintendencia de Educación Parvularia”.
Ambas entidades unificarán criterios para niños hasta los seis años de edad con el objetivo de aumentar la cobertura preescolar en todo el país, así como mejorar y supervisar la calidad de la educación impartida.
Junto con lo anterior, también se aprobó la figura de un “Administrador Provisional” y “Administrador de  Cierre de Instituciones de Educación Superior”, permitiendo a los estudiantes universitarios a continuar sus carreras aún si las universidades tienen crisis económicas o financieras. El Estado les garantizará la continuidad de sus estudios.