El fiscal regional Juan Agustín Meléndez solicitó audiencia en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas para formalizar al senador Carlos Bianchi Chelech y a su cuñada, Victoria Retamales, por los delitos de “fraude al Fisco” y “negociación incompatible”.

Esto lo informó el fiscal regional hace pocos instantes, en la audiencia que se está realizando en estos momentos en el tribunal donde se está debatiendo el sobreseimiento del cuñado del senador, José Retamales, director regional del Inach.

Al pedir audiencia de formalización, es porque el fiscal regional reunió antecedentes suficientes que le permiten presumir la participación de Bianchi en los delitos investigados en su contra.

 Fraude al Fisco

 En contra de Carlos Bianchi Chelech pesa una querella de negociación incompatible y de fraude al Fisco que persigue el Consejo de Defensa del Estado (CDE), a partir de una denuncia que en su momento presentó el ex diputado Miodrag Marinovic.

La investigación en contra de Bianchi partió el 22 de abril de 2013, cuando el Juzgado de Garantía de Punta Arenas acogió la querella en la que se hizo parte el Consejo de Defensa del Estado, por el “arriendo que entre los años 2006-2009 el senador pagó a su suegra -hoy fallecida- por un inmueble de su propiedad, ubicado en calle Ignacio Carrera Pinto, de Punta Arenas.
Bianchi Chelech llegó a pagar un millón 298 pesos de arriendo mensual por una oficina de 33 metros cuadrados de propiedad de su suegra Fresia Espinoza Alarcón.

Esto contraviene la prohibición que tienen los funcionarios públicos de establecer negocios u operaciones a su cargo, con parientes como cónyuges, hijos, padres, suegros, cuñados  concuñados, y otros, estando dicha norma por sobre el reglamentos corporativos que puedan tener el Senado o la Cámara de Diputados.

Meses más tarde se amplió la querella a fraude al fisco, en una investigación que lleva adelante el fiscal regional, Juan Agustín Meléndez.

Incluso en medio de la indagación Diario El Mercurio tuvo acceso a un informe de la Policía de Investigaciones (PDI) dando cuenta que una de las firmas del contrato de arriendo presentado por Bianchi, era falsa.
La pericia de la PDI concluyó que “la firma del arrendador cuestionada que ostenta el contrato de arrendamiento, materia de estudio, puesta a nombre de Fresia Espinoza Alarcón es falsa”, concluyó el lapidario informe.
Según fuentes consultadas, el dolo de este ilícito quedaría de manifiesto con el precio que se pagó por la sede del senador Bianchi al ser muy abultada, de manera que él no puede desconocer que se encontraba frente a una negociación de carácter incompatible.