Tras el reciente fallo que confirmó lo resuelto en primera instancia por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas y que obliga a la autoridad de Salud y la Municipalidad a planificar acciones tendientes a retirar los perros vagos que circulan por la comuna, diversas posturas saltaron a la palestra una vez hecha efectiva la notificación.

“El único organismo que ha tomado medidas es el municipio, desde la administración anterior. Tenemos un canil, un centro de rescate, tenemos una clínica instalada, tenemos un contrato de captura y hemos chipeado una cantidad de perros en diferentes procedimientos. Hemos obtenido recursos regionales y en los próximos días podremos licitar contratos para triplicar el ritmo de esterilización”, indicó tajantemente en su momento, el alcalde de Punta Arenas Emilio Boccazzi Campos, dando cuenta de la labor empleada hasta ahora por la entidad municipal, la que si bien ha sido eficiente, esta pareciese no ser suficiente.

Por su parte, fue el propio secretario regional ministerial de Salud, Óscar Vargas Zec, quien reconoció lo sinuoso de la misión delegada por el organismo judicial, sobre todo al considerar una serie de dificultades prácticas que se vislumbran para acatar la medida a cabalidad.

“Por ejemplo, nosotros recibimos las notificaciones de todas las mordeduras de parte de los servicios de urgencia, sin embargo el 60 por ciento no identifica ninguna dirección que nos permita acercarnos al perro mordedor. Incluso después de recibida la notificación visitamos a la persona para  tratar de identificar al animal pero esto no es posible, así que tendremos que ver la forma de que este método sea más efectivo”, argumentó el profesional del área de la salud.

Mientras que la Unión de Defensa del Derecho Animal (UDDA), no quiso quedar ajena al debate. “Consideramos de suma importancia que seamos considerados dentro de la planificación y/o formación de una propuesta de diseño y ejecución de un plan de acción de control ético canino”, esgrimieron desde la organización protectora animal.