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Anuncio de gratuidad excluye a unos 2.500 estudiantes de Inacap

cronica
27/05/2015 a las 10:50
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La sede más austral de la universidad tecnológica, centro de formación técnica e instituto profesional Inacap es la que se emplaza hoy en el kilómetro 4 norte de la Avenida Bulnes. En ella, estudian unos 2.500 jóvenes, que se dividen entre una decena de carreras profesionales y técnicas. Todos quedarían fuera de la anunciada gratuidad en la educación superior, como está planteada hasta ahora.

El anuncio realizado por la Presidenta Michelle Bachelet en su discurso del 21 de Mayo contempla el financiamiento de los estudios para el 60% de los estudiantes vulnerables de instituciones pertenecientes al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch), y para Institutos Profesionales (IP) y Centros de Formación Técnica (CFT) que se constituyan como fundaciones sin fines de lucro.

“La manera de hacerlo nos parece discriminatoria”, manifestó ayer el rector nacional de la institución, Gonzalo Vargas. “Nuestra postura siempre ha sido que el apoyo del Estado debe ir al estudiante, y que los alumnos deben decidir dónde estudiar, con la sola condición de que la institución esté acreditada, porque creemos que los recursos fiscales deben ir a instituciones que ofrezcan garantías de calidad”.

Vargas aseveró que “nos parece una buena noticia que se inyecten recursos frescos a la educación superior y también es positivo que se incluya a los institutos, que están históricamente excluidos, pero la manera de hacerlo nos parece discriminatoria”.

Explicó que “este anuncio discrimina entre tipos de universidades; se excluye a las que no pertenezcan al Cruch. Eso deja fuera a nuestra universidad tecnológica -que en Punta Arenas recibe a unos 500 jóvenes-, que está conformada como corporación sin fines de lucro”.

En el caso de los institutos, manifestó “sólo los que estén constituidos como fundaciones o corporaciones son elegibles. En el caso nuestro, quedamos excluidos, porque los nuestros están constituidos como sociedades. El Estado las ha acreditado por su calidad, pero este anuncio las excluye por su calidad jurídica. Nos parece que eso es discriminatorio no por la institución, sino que por el estudiante. Si el alumno decidió estudiar en una institución acreditada, reconocida por el Estado, nos parece negativo que hoy el mismo Estado discrimine a ese alumno”.

- ¿Le parece que la lógica fue dejar fuera a instituciones que lucren?

“La legislación actual prohíbe el lucro en universidades y lo permite en institutos. Si la regla es que el que tiene fines de lucro queda excluído, la pregunta es, ¿por qué las universidades que no son del Cruch quedan fuera, si están conformadas como corporaciones sin fines de lucro? El argumento no es consistente. Por otro lado, si me dicen que no haya lucro con recursos fiscal, yo puedo demostrar que tanto el Instituto Profesional Inacap y el Centro de Formación Técnica Inacap no lucran. A mí no me están dejando fuera porque yo lucre, me están dejando fuera por que no soy fundación”.

- ¿Les parece que es arbitraria esa diferenciación?

“Nos parece arbitraria, porque no hay una lógica coherente detrás. No nos lo parecería si lo hubiera”.

- El Mineduc ha dicho que esto se hizo para “partir por algún lado”. ¿Les parece válida esa explicación?

“No. Entendemos que esto tenga que ser gradual, porque no alcanzan los recursos, pero creemos que la gradualidad tiene que ser equitativa. Se podría mejorar equitativamente las becas, para acercarnos a la gratuidad de manera equitativa para todos”.

- ¿Qué está haciendo Inacap para hacer oír su postura frente a este tema?

“Hasta ahora, esto es un anuncio. Se tiene que materializar en la Ley de Presupuesto que se aprueba en el mes de noviembre. Quedan seis meses de debate y hemos visto que en otros proyectos de ley ha habido modificaciones por parte del Gobierno y del Congreso. Esperamos que en los próximos meses haya modificaciones que establezcan un trato más igualitario hacia los estudiantes: entre el Cruch y los institutos que están como fundaciones o corporaciones, hay 400 mil alumnos y hay otros 800 mil que están excluidos. Esto es una política que no trata a todos los estudiantes por igual. Esperamos que eso se modifique”.

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