A pesar de negar su participación en una grave denuncia, dos comerciantes fueron formalizados ayer en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas por su presunta participación en abusar sexualmente en contra de una adolescente de nacionalidad colombiana.
De acuerdo a los antecedentes que se dieron a conocer ayer por el fiscal Felipe Aguirre, se indicó que J.E.E.P., de 64 años, y G.U.V., de 71 años, se encuentran en calidad de imputados por el delito de abuso sexual.
En relación al primero, se dio a conocer que a partir del mes de julio del año 2013, en circunstancias que la menor de 16 años, de nacionalidad colombiana, acudía a un almacén del sector de Club Hípico, de propiedad del imputado, éste comenzó a ganarse su confianza y a aprovecharse de las carencias económicas de la víctima. Por ello, señalan los antecedentes, comenzó a entregarle dinero y productos que vendía en su local, a cambio de prestaciones de tipo sexual, desnudándola y tocando sus partes íntimas, lo que se repitió hasta octubre de 2013. En este caso al imputado se le atribuyó el delito de estupro reiterado consumado.
En la misma audiencia se le indicó al otro imputado, G.U.V, que se iniciaba una investigación en su contra por los hechos que se habrían registrado en el año 2014, cuando la misma víctima acudía a su almacén ubicado en el sector de Playa Norte, donde el imputado se habría acercado a la menor ganándose su confianza, entregándole dulces, alimentos y dinero en efectivo, aprovechándose de la vulnerabilidad de la menor. A cambio, le pedía servicios sexuales, que consistían en desnudarla para realizarle tocaciones en sus partes íntimas. Estos actos que se repitieron al interior del almacén y un baño en reiteradas oportunidades. El delito fue el de estupro.

Víctima
Entre los argumentos que entregó la Fiscalía, da cuenta de la denuncia de la profesora de la adolescente realizada el 28 de mayo de 2014, a quien se le acercó para contar lo sucedido, señalando que su madre y padrastro no hacían nada.
“Le comenté lo que me pasaba a mi profesora, lo que comenzó cuando estaba jugando máquinas en un negocio que queda cerca de mi casa. En ese lugar un caballero de baja estatura que atendía el lugar se me acercó y me dijo que si me portaba bien con él se portaría bien conmigo. Como mi familia no pasa una buena situación económica accedí a visitarlo a su domicilio cuando estaba solo. Me sacaba mi ropa y me tocaba, él se sacaba la ropa y hacía que lo toque, nunca tuve relaciones sexuales, sin embargo siempre quiso, pero yo no, me reuní con él en su casa unas treinta veces hasta que después no quise seguir con esto. El año 2014 comencé a asistir a una iglesia y de repente el que atiende en un almacén se me acercó para decirme lo mismo, que si me portaba bien me daría todo. Ahí me empezó a dar dulces y al darme dinero me tocaba mis partes íntimas en un baño. Con él no entré a su domicilio, pero me hacía que lo masturbe y me tocaba, después no quería seguir haciéndolo pero me llama y me insiste. He intentado quitarme la vida y quiero salir adelante. El primero de ellos me daba dos o tres mil pesos, mientras que el segundo me daba entre 10 y 20 mil pesos, con él llegué a juntarme unas cien veces. Acepté porque ya lo había hecho en Colombia, porque mi abuela no me daba dinero y mi familia no tiene buena situación económica”, dijo la propia víctima.
La madre señaló que vive hace varios años en Punta Arenas, que se trajo a su hija a Punta Arenas, donde se desempeña como asesora del hogar. Indicó que veía que su pequeña ocultaba algo, que notó que llegaba con dinero y dulces y al preguntarle le contestó que jugaba en una máquina tragamonedas. Posteriormente le contó lo que sucedió con los dos hombres de los almacenes, que le regalaban dinero y que no había tenido relaciones sexuales, sólo tocaciones. La menor le señaló a su madre que no quería denunciarlo para que no salga en las noticias, para que no se enteren sus compañeras.
Tras los alegatos, el abogado defensor Ramón Bórquez indicó que no se trataría de un delito de estupro, por lo que se corrigió la formalización por el delito de abuso sexual con un concurso de obtención de servicios sexuales a cambio de dinero u otras prestaciones sin violación y estupro.
Al finalizar la audiencia, ambos imputados negaron los hechos ante el juez Juan Villa, indicando que se sienten víctimas de los hechos y aseguran que la denuncia de la menor es falsa.
Ante esto, el juez Juan Villa decretó la prohibición de acercarse a la menor, fijándose un plazo de 90 días para el cierre de la investigación.