Una querella criminal en contra de quienes resulten responsables presentó el Banco Santander para que se investiguen presuntas irregularidades en la obtención de créditos de diferentes clientes con datos falsos.

En representación de la entidad bancaria, el abogado Eugenio Labarca Birke, presentó la acción judicial en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, la cual pretende que se envíe orden de investigar a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI u otra policía que determine el fiscal a cargo de la investigación.

En particular, se solicita se realicen diligencias para verificar las relaciones existentes entre las solicitantes de créditos y la efectividad de los antecedentes presentados a los ejecutivos, indagando también su posible responsabilidad. Además, que se cite a declarar a todos los solicitantes de crédito que aparecen nombrados en la querella, como asimismo a los ejecutivos y demás funcionarios de Banco Santander Chile que participaron en su otorgamiento.

Querella

De acuerdo con los hechos mencionados en la acción judicial, se indica que durante el mes de enero de 2017, el Banco Santander recibió información, en el sentido que en las diferentes sucursales de la ciudad de Punta Arenas se estarían cometiendo irregularidades en el otorgamiento de créditos.

Es así que se realizó una revisión interna de distintos clientes de la zona, en la cual se logró determinar que varios de ellos, personas naturales y jurídicas, habrían presentado documentación adulterada o antecedentes falsos para el otorgamiento de sus créditos.

Los clientes que aparecerían con documentación inconsistente es la inmobiliaria Los Flamencos, atendida originalmente por el ejecutivo M.E.G. quien renunció en septiembre de 2016. La sociedad fue constituida en febrero de 2016 por tres socios. Con fecha 17 de marzo de 2016, 15 días después de su inicio de actividades, se le otorga en Banco Santander un plan de cuenta corriente que lleva asociada una línea de crédito y una tarjeta de crédito por $ 1.500.000 cada uno. Una semana después, el 24 de marzo de 2016, se le otorga un crédito por

$ 970.000.000 con la finalidad de comprar un terreno para loteo y venta. Esta transacción fue aprobada por el jefe de Riesgos de la Sucursal C.G.F. siendo que, de acuerdo con la política del Banco para clientes Pyme, carece de facultades para ello.

Al momento de solicitarse la carpeta crediticia por parte de los analistas de fraude internos de Banco Santander, se informa desde la sucursal que el expediente de inmobiliaria Los Flamencos no existe en la sucursal, ya que el ex jefe de Riesgos de la sucursal C.O. se lo habría llevado y que tendrían que reconstituir la carpeta. Dentro de esa carpeta se encuentran, para la misma propuesta de crédito, dos resoluciones diferentes, Además, se encuentran dos tasaciones respecto del terreno cuya compra estaba financiando Banco Santander. La primera, realizada con fecha 22 de febrero de 2016 en que se señalaba como avalúo fiscal de la propiedad la suma de $ 455.000.000, señalando que el bien raíz es un sitio urbano, sujeto a expropiación, con un valor comercial de 77.167 UF2. La segunda con fecha 27 de diciembre de 2016, 10 meses después, señalando que el avalúo fiscal es de $ 465.000.000, que el bien raíz es un sitio eriazo (no urbano como se señaló con anterioridad), que no se encuentra sujeto a expropiación y cuyo valor comercial ascendió a la suma de 96.332 UF. Además, señala dentro de las notas que el plano regulador se encuentra en proceso de modificación, por lo que se recomienda reevaluar la tasación una vez aprobado y publicado el nuevo plan.

A raíz de estos antecedentes falsos, se le otorga a la inmobiliaria Los Flamencos un crédito hipotecario para la compra del inmueble ya individualizado por un monto de $ 970.000.000.

La deuda total a la fecha, asociada al grupo Los Flamencos y sus relacionados asciende a $ 2.349.323.000.

De todos los hechos los tres socios, la dueña de la inmobiliaria, la corredora de propiedades y el aval, dueño de otra inmobiliaria, se puede señalar que existe relación y se advierte un aumento artificial de rentas, disminución de valores de tasaciones y falta de antecedentes para evaluación crediticia, mediante declaración de ingresos inexistentes, irregulares o falsos, que no son acreditables, existiendo información que derechamente no se aportó o ésta fue deliberadamente eliminada.

Con estos antecedentes, la parte querellante busca que se investigue a los involucrados como autores en el delito contemplado en la ley general de Bancos.