A más de un año de quedar al descubierto un delito de facilitación a la prostitución, la Fiscalía presentó acusación en contra de tres imputadas, quienes enfrentarán juicio arriesgando diferentes penas.

De acuerdo a la acusación presentada por la fiscal Wendoline Acuña (foto inferior) y que es llevada a juicio en el Tribunal Oral de Punta Arenas, los hechos comenzaron a gestarse durante el mes de junio de 2016, en circunstancia que la imputada Luz Córdova Correa, ciudadana colombiana, contactó a una joven de 21 años de su misma nacionalidad y bajo engaño la habría trasladado hasta Punta Arenas para trabajar en un almacén de la imputada, generando ingresos, a lo que la víctima para poder sustentar a su hija de 4 años aceptó.

Tras esto, la imputada financió el pasaje de la víctima (de nombre protegido) y su pasaporte, viaje que comenzó el 29 de junio de ese año, considerando un primer tramo vía terrestre en bus de pasajeros, mientras que el tramo de Santiago a Punta Arenas lo realizó vía aérea, llegando el 8 de julio al Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo, lugar donde fue recibida por la imputada y posteriormente acogida en el domicilio de calle Boliviana 405.

En el lugar se le señaló que debía trabajar en el comercio sexual para así pagarle la deuda de dos millones 800 mil pesos que gastó en su pasaporte y traslado a Magallanes.

Ante esto la víctima se negó y se originó una discusión entre ambas, exigiendo la imputada a la recién llegada que le devuelva su pasaporte, amenazándola con denunciarla a la policía como traficante de drogas.

Ante esto se inició un forcejeo donde la imputada zamarreó y agredió a su compatriota, señalándole que le marcaría la cara con un corte de cuchillo, instantes que la afectada se escondió en el dormitorio del inmueble.

La imputada continuó increpándola hasta que la afectada logró huir y solicitar ayuda para llegar posteriormente hasta el cuartel de la PDI, donde realizó la denuncia constatándose las lesiones.

Segundo hecho

El segundo hecho por el que se acusó a la ciudadana colombiana da cuenta que entre los meses de junio y septiembre de 2016, la imputada Córdova Correa, en el mismo domicilio mencionado de calle Boliviana esquina Avenida España, según los antecedentes, realizó actividades de contactar de manera telefónica a una segunda víctima, otra ciudadana colombiana en la ciudad de Turbo, Antioquía de Colombia, promoviendo y facilitando su traslado a Chile, para lo cual le envió dinero y tramitó su pasaporte y financió sus pasajes efectuando el viaje hasta Santiago vía terrestre y a Punta Arenas vía aérea.

Al llegar a Magallanes, comenzó a desempeñarse en el comercio sexual, debiendo pagar a la imputada un porcentaje del dinero diario que recibía.

Tercer hecho

Del mismo modo que las víctimas anteriores, una tercera ciudadana colombiana fue contactada por la imputada vía telefónica en el mes de septiembre, tramitando el pasaporte y pagando los pasajes desde Turba, Colombia con destino a Punta Arenas, al igual que las anteriores vía terrestre a Santiago y vía aérea a Punta Arenas, viaje que tenía una duración de cuatro días.

Al llegar al domicilio de la imputada, la tercera joven víctima debía pagar un porcentaje de lo que ganaba en el comercio sexual a la imputada.

Todo estos ilícitos -se indicó en la audiencia- fue en cooperación con las imputadas de nacionalidad chilena Daniela Vega Uribe y Katherine Sepúlveda Carrasco, esta última quien le arrienda el domicilio de calle Boliviana, en pleno conocimiento que la imputada de manera clandestina ha destinado al comercio sexual y el ingreso de las ciudadanas colombianas al país, esto por mantener otro clandestino en calle Mejicana, lugar donde la imputada Córdova Correa trabajó el año 2015 en el comercio sexual.

En relación a Vega Uribe, se indicó que también trabaja en el comercio sexual y ha colaborado con la imputada colombiana luego de realizar dos contratos de trabajo, uno en el mes de mayo y otro en junio de ese año, donde se manifiesta falsamente que Luz Córdova Correa trabaja en labores de casa de Daniela Vega Uribe, documento presentado a la Gobernación de Magallanes, donde se le otorgó el permiso para trabajar como asesora del hogar.

Además, la imputada Vega Uribe colaboró en la obtención de los pasajes y la tramitación del pasaporte.

Con estos antecedentes, a la imputada de nacionalidad colombiana, Córdoba Correa se le pide una pena de 5 años de presidio por el delito de promover o facilitar la entrada al país de personas para ejercer la prostitución, además de 540 días por el delito de lesiones menos graves.

Por su parte, Daniela Vega Uribe y Katherine Sepúlveda Carrasco en calidad de cómplices del delito consumado de promover o facilitar la entrada al país de personas para ejercer la prostitución, se pide la pena de tres años de reclusión.

En relación a la acusación del Ministerio Público, se adhirió la Gobernación Provincial de Magallanes y el Instituto Nacional de Derechos Humanos de la región de Magallanes y Antártica Chilena.

El juicio está programado para el próximo 7 de mayo a las 9 horas, juicio oral que tiene como duración una semana con 19 testigos y 2 peritos.