Un 88% de la ciudadanía chilena dice confiar “poco” o “nada” en los tribunales de Justicia, según los resultados de la encuesta Chile Nos Habla, elaborada por el Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián, en conjunto con el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (Cescro). 

El sondeo, que recoge percepciones ciudadanas sobre criminalidad y justicia, evidencia una desafección generalizada con el sistema penal, alcanzando también a la Fiscalía (83%) y a la Defensoría Penal Pública (77,6%).

El estudio fue presentado en el marco de los 25 años de la implementación de la Reforma Procesal Penal, considerada una de las transformaciones institucionales más relevantes en la historia reciente de Chile. Esta reforma reemplazó el antiguo sistema inquisitivo, escrito y reservado por un modelo acusatorio, oral y público, con el objetivo de garantizar transparencia, equilibrio de derechos y mayor acceso a la justicia. Sin embargo, el diagnóstico ciudadano actual dista considerablemente de esos propósitos.

Reforma histórica, confianza en retroceso

La Reforma Procesal Penal, vigente desde el año 2000, dio origen a nuevas instituciones como el Ministerio Público -ente autónomo encargado de dirigir investigaciones penales, ejercer la acción pública y proteger a víctimas y testigos- y la Defensoría Penal Pública, creada para asegurar defensa técnica a las personas sin recursos. Su misión fue equilibrar las posiciones procesales de imputados y víctimas, proteger los derechos fundamentales y fortalecer la confianza pública en el sistema penal.

Pese a ese diseño, los datos de Chile Nos Habla muestran que la ciudadanía percibe una marcada asimetría: el 70% cree que el sistema protege más a los imputados que a las víctimas, y sólo un 9,6% considera que estas últimas son las más favorecidas. Además, el 83,4% se mostró en desacuerdo con la afirmación de que el sistema garantiza por igual los derechos de víctimas e imputados.

Luis Toledo, director del Cescro USS, advierte que estos resultados reflejan una alerta institucional. “La ciudadanía siente que el sistema penal no entrega la protección y confianza que necesita. La Constitución y el Código Procesal Penal establecen claramente las funciones del Ministerio Público, el Poder Judicial, la Defensoría y las policías. 

Sin embargo, su eficacia depende de una articulación eficiente entre todos estos actores. El desafío es recuperar la legitimidad y asegurar que las personas perciban que sus derechos están verdaderamente resguardados”, afirmó.

Ciudadanía reacia a acudir a la justicia

La relación entre la ciudadanía y el sistema penal también está marcada por la distancia y la desconfianza. Un 59,9% de los encuestados indicó haber sido víctima de un delito en los últimos cinco años o conocer a alguien que lo fue. Sin embargo, de ese grupo, sólo un 31,3% recurrió a la Fiscalía o a los tribunales de Justicia. El 68,7% restante no acudió, lo que representa una brecha significativa entre el delito y su judicialización.

Las razones detrás de esta baja disposición a denunciar son múltiples, pero se concentran en tres factores principales: la desconfianza en las instituciones (80%), la sensación de desprotección hacia víctimas y testigos (75,8%) y el temor a represalias (74,2%). A estos se suman la complejidad de los trámites (61%), el desconocimiento de los procedimientos (39,1%) y la falta de pruebas (22,2%).

Dentro de quienes sí acudieron a la justicia, el 51,4% lo hizo para denunciar un delito, un 10,8% como testigos, el 9,4% para realizar consultas y un 8,1% para presentar una querella.

Impacto del crimen organizado

Uno de los aspectos más críticos del estudio tiene que ver con el impacto del crimen organizado en la percepción de seguridad y justicia. Frente a la posibilidad de declarar en un caso relacionado con organizaciones criminales, un 63,8% de las personas afirmó que se sentiría muy insegura, y un 17% algo insegura. 

Este alto nivel de temor refuerza la idea de desprotección y refleja la percepción de que el Estado no cuenta con las herramientas suficientes para proteger a testigos y víctimas en contextos de alta peligrosidad.

En este escenario, la ciudadanía manifiesta un fuerte respaldo (83,5%) a la creación de tribunales especializados en crimen organizado, lo que podría fortalecer la persecución penal y brindar mayores garantías de seguridad a quienes participan en procesos judiciales complejos. En contraste, un 13,1% se mostró en desacuerdo o muy en desacuerdo con esta medida.

Sin embargo, el conocimiento sobre nuevas herramientas institucionales es limitado. Sólo un 15,7% de los encuestados afirmó conocer la recientemente creada Fiscalía Supraterritorial, unidad con jurisdicción nacional para investigar delitos de alta complejidad. El 84,3% restante la desconoce, lo que evidencia un déficit comunicacional respecto a las reformas en curso.

El rol de los medios

El estudio también indagó en el rol que cumplen los medios de comunicación en la comprensión del sistema judicial. 

Un 68% de los encuestados cree que la cobertura mediática de casos penales contribuye a entender mejor su funcionamiento, mientras que un 29% opina que aporta poco o nada. Estos datos sugieren que la prensa puede ser un actor clave para reducir la distancia entre la justicia y la ciudadanía, siempre que la información sea clara, contextualizada y orientada a fortalecer la educación cívica.

Las conclusiones

En conclusión, a 25 años de su implementación, la Reforma Procesal Penal enfrenta el desafío de actualizarse frente a un contexto marcado por nuevas formas de criminalidad, altos niveles de victimización y una desconfianza extendida. Si bien los principios que inspiraron la reforma siguen siendo válidos -debido proceso, equidad, transparencia y protección de derechos-, la encuesta demuestra que estos aún no se traducen plenamente en la experiencia cotidiana de las personas.

Asimismo, se menciona que la recuperación de la legitimidad del sistema penal no dependerá solo de ajustes legales, sino también de una mejora sustancial en la coordinación interinstitucional, el acceso a la justicia, la protección efectiva a víctimas y testigos, y una comunicación más activa con la ciudadanía.