El 26 de mayo de 2011, Julián Mancilla Pérez y Claudio Haro Díaz -por ese entonces presidente y secretario regional del Colegio de Profesores, respectivamente- ingresaron una solicitud ante la Fiscalía para iniciar una investigación en contra del entonces secretario general de la Cormupa, Orlando Estefó, y el alcalde de Punta Arenas, Vladimiro Mimica. 

Su solicitud tardó cuatro años, pero terminó por llegar a puerto. Esta semana, el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella en contra de quienes resulten responsables por el gasto de más de $ 500 millones correspondientes a la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP), que, en diciembre de 2009, fueron utilizados para pagos previsionales de los trabajadores y, en parte, embargados por una orden judicial, según contó a diario El Pingüino el actual secretario del organismo, Hermes Hein. 

Pese a las explicaciones, Mancilla se resiste a justificar el gasto de los dineros. “Es la plata de los niños más carenciados de la comuna; son platas para el mejoramiento de las escuelas. No se pueden gastar en otra cosa”, consideró el concejal.