Un matrimonio que fue detenido durante el miércoles por mantener una orden de detención, fue trasladado ayer al Juzgado de Garantía de Punta Arenas para ser formalizado por el delito de apropiación indebida en contra de al menos 13 personas.

De acuerdo a los antecedentes expuestos en la audiencia de formalización de la investigación, los hechos comenzaron a gestarse durante el año 2012 y hasta diciembre del año 2013, cuando diversos comerciantes contrataron los servicios contables del matrimonio compuesto por Claudia Ximena Velásquez Arteaga, de 44 años, y Claudio Eduardo Ibarra Calderón, de 41, en sus oficinas ubicadas en la Población Barcelo Lira de Punta Arenas, denominado servicios de contabilidad y asesorías tributarias y laborales.

En dichas circunstancias diversos afectados llegaron al lugar para solicitarles que le ordenen sus libros contables, declaración de impuestos, como también pagar cotizaciones previsionales y de salud, para lo cual le entregaron a los imputados elementos y antecedentes para realizar los trámites mencionados. Sin embargo, de a poco los afectados durante el año 2014 se fueron percatando que el matrimonio no realizó los encargos encomendados en su calidad de asesores contables, apropiándose indebidamente de los dineros entregados, los cuales tuvieron destino personal.

Según detalló el fiscal Felipe Aguirre en la audiencia, entre los afectados se encontraba Víctor Muñoz Águila, en representación de una empresa de prestaciones médicas. Fue afectado durante el año 2013 del no pago de impuestos.

Por su parte, Rodrigo Hernández Catalán, contratista de obras menores, entregó al matrimonio la cantidad de 348 mil pesos para pagar impuestos y cotizaciones de su trabajador durante el año 2013, las que no se cancelaron. Mientras que Julio Delgado Vargas, el año 2013 le entregó su libro contable que no le fue devuelto así como la suma de 12 mil pesos de la que también se apropiaron.

Macarena González Delgado, durante el 2012 y 2013, le entregó su libro contable y al suma de 731 mil pesos que tampoco le fueron devueltos.

Maximiliano Sepúlveda Morales, el año 2012 canceló 340 mil pesos.

La vendedora ambulante Mónica Vargas Guzmán, le entregó 100 mil pesos en agosto de 2013 para el pago de impuestos. Otro afectado, el contratista Álvaro Sanhueza, entregó sus libros contables y facturas de los años 2008 y 2013, que la imputada no le devolvió señalándole que se habían extraviado, perjudicándolo en la devolución de impuestos por un monto de 1.200.000 pesos.

Alejandra Marsi entregó 150 mil pesos por cotizaciones de su empleada entre los años 2012 y 2013, suma que no fue devuelta.

El comerciante César Aburto entre los años 2012 y 2013 entregó 7 millones de pesos para ser destinados al pago de cotizaciones previsionales de sus empleados, fondos del cual desconoce su paradero.

Alberto Soto Flores, en el mismo período de los afectados anteriores, le entregó a los imputados la suma de 3 millones de pesos que no le devolvieron, no realizando el pago de sus impuestos.

Leonel Villegas entregó la suma de 150 mil pesos para pagar cotizaciones previsionales, no cumpliendo con dicho encargo.

Por su parte, Esmeralda González entregó el año 2012 a los imputados un cheque de dos millones de pesos y otro monto de 20 mil pesos.

Ricardo Ruiz Barría entregó 492 mil pesos para el pago de impuestos, que no le fueron devueltos durante los años 2012 y 2013.

Varios de los afectados sufrieron diversos perjuicios por los delitos de apropiación indebida y por delitos del Código Tributario, tal como lo señaló el fiscal Felipe Aguirre: “Se trata de varias personas que entregaban fondos para el pago de las cotizaciones e impuestos, sin embargo, los imputados se apropiaban de los dineros y no cumplían con el encargo, quedándose con el dinero para fines personales. Además la imputada que es contadora se le hizo cargo por un delito especial del Código Tributario. Las penas son altas por los montos, que van de los tres años a los cinco años de presidio”.

Tras la audiencia, los imputados recuperaron su libertad, quedando con las medidas cautelares de arraigo regional y firma mensual en la Fiscalía de Punta Arenas. El plazo para el cierre de la investigación se fijó en siete meses.