La Universidad de Magallanes (UMAG) es la casa de estudios superior chilena que menos dinero recibió, hasta ahora, de parte del estado- fisco – gobierno.
La UMAG apenas recibirá mil 691 millones de pesos por concepto de aporte para la gratuidad de los estudiantes “vulnerables” que hayan accedido a la educación superior en sus aulas y laboratorios.
El monto de ese aporte contrasta, en forma negativa, con el que recibiera la Universidad de Chile, 16 mil 528 millones de pesos, es decir, casi diez veces más o con el que se entregó a la Universidad de Concepción, poco más de 17 mil millones de pesos, o a la Universidad de Santiago, con 14 mil 456 millones de pesos.
Esos antecedentes están contenidos en el documento ya aprobado por la Contraloría General de la República que da pie para lo que había prometido el gobierno de Michelle Bachelet, esto es, entregar, el cincuenta por ciento de los recursos totales de este año en el curso del primer trimestre de 2016.
Valentina Quiroga, que por estos días ha asumido como ministra de Educación subrogante de la titular, Adriana Delpiano, indicó que, en total este primer aporte ascenderá a 200 mil millones de pesos, de los cuales la UMAG recibirá un porcentaje inferior al uno por ciento.
Conocidas las cifras, en la capital, para el rector de la Universidad Austral, Óscar Galindo, los montos anunciados y que podrían ser entregados durante este mes, “deberían aumentar una vez que se sumen aquellos que están pendientes o en proceso de apelación y que, finalmente, reciban la ayuda financiera”.
Y agregó que ”el 27 de abril se publicará la nómina de los beneficiados que faltan. Después de eso, calcularán el monto final de transferencias y, en una segunda entrega de recursos, el gobierno agregará el subsidio para paliar los déficitis con  que están quedando algunos planteles”.

Disminuyen beneficiados
El 21 de mayo del año pasado, la Presidenta Michelle Bachelet planteó que el número de estudiantes beneficiados con la gratuidad ascendería o podría ascender a 264 mil, es decir, el 60 por ciento de los jóvenes más vulnerables.
Después, en el curso del trámite legislativo de la ley de Presupuesto, se habló de hasta 200 mil estudiantes, porque incluía a la Educación Técnica Profesional, cobijada, por ejemplo, en Inacap, Santo Tomás e Iplacex, entre otros centros de formación profesional conocidos en Magallanes que, finalmente fueron excluidos del beneficio, pero, se dice, beneficiados con un aumento de las becas Nuevo Milenio, promesa aún en el aire.
Este proceso, afirma otro rector universitario, es que “deja en una situación compleja a las familias”, que no saben si sus hijos o hijas estudiarán gratuitamente o no.
En este sentido, el académico de la universidad Diego Portales José Joaquín Brunner, cuyo peso y prestigio es reconocido en forma transversal por todos los actores de la educación, no sólo la superior, planteó que “no hubo una política bien preparada, con estimaciones de beneficiarios y de gastos exactos, ni siquiera cercanos a exactos”.
Y agregó que “lo más grave es que ha dejado a estudiantes y universidades por mucho tiempo, en la incertidumbre”.
Y señala, en forma lapidaria, que dado que la gratuidad 2017 también se definirá por glosa, “lo más importante es que el gobierno diga cuál es el objetivo de esta política para 2017 y 2018. Debiera decir con claridad “este es el objetivo a alcanzar y que podemos alcanzar”.
Finalmente, por su parte, Daniel Gedda, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile (FEUC), señaló que espera que cuando se empiece a discutir la anunciada reforma a la educación superior chilena “no sea de la misma forma parcelada. Si se continúa así, seguirán los mismos problemas: que el gobierno adquiere un compromiso que después no se cumple”.-