En una audiencia que tuvo una duración de casi tres horas, en el Juzgado de Garantía, la Fiscalía acreditó los delitos por los que fueron detenidas tres mujeres la mañana del martes, por su presunta participación en la facilitación de la prostitución a ciudadanas extranjeras.
De acuerdo a los antecedentes expuestos en la audiencia por la fiscal del caso Wendoline Acuña, los hechos comenzaron a gestarse durante el mes de junio de este año, en circunstancia que la imputada Luz Córdova Correa, ciudadana colombiana, contactó a una joven de 21 años de su misma nacionalidad y bajo engaño la habría trasladado hasta Punta Arenas para trabajar en un almacén de la imputada, generando ingresos, a lo que la víctima para poder sustentar a su hija de 4 años aceptó. Tras esto, la imputada financió el pasaje de la víctima (nombre protegido) y su pasaporte, viaje que comenzó el 29 de junio de este año, considerando un primer tramo vía terrestre en bus de pasajeros, mientras que el tramo de Santiago a Punta Arenas lo realizó vía aérea, llegando el 8 de julio al Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo, lugar donde fue recibida por la imputada y posteriormente acogida en el domicilio de calle Boliviana 405. En el lugar se le señaló que debía trabajar en el comercio sexual para así pagarle la deuda de dos millones 800 mil pesos que gastó en su pasaporte y traslado a Magallanes. Ante esto la víctima se negó y se originó una discusión entre ambas, exigiendo la imputada a la recién llegada que le devuelva su pasaporte, amenazándola con denunciarla a la policía como traficante de drogas. Ante esto se inició un forcejeo donde la imputada zamarreó y agredió a su compatriota, señalándole que le marcaría la cara con un corte de cuchillo, instantes que la afectada se escondió en el dormitorio del inmueble. La imputada continuó increpándola hasta que la afectada logró huir y solicitar ayuda para llegar posteriormente hasta el cuartel de la PDI, donde realizó la denuncia constatándose las lesiones.

Segundo hecho
El segundo hecho por el que se formalizó a la ciudadana colombiana da cuenta que entre los meses de junio y septiembre de este año la imputada Córdova Correa, en el mismo domicilio mencionado de calle Boliviana esquina Avenida España, según los antecedentes, realizó actividades de contactar de manera telefónica a una segunda víctima, otra ciudadana colombiana en la ciudad de Turbo, Antioquía de Colombia, promoviendo y facilitando su traslado a Chile, para lo cual le envió dinero y tramitó su pasaporte y financió sus pasajes efectuando el viaje hasta Santiago vía terrestre y a Punta Arenas vía aérea. Al llegar a Magallanes, comenzó a desempeñarse en el comercio sexual, debiendo pagar a la imputada un porcentaje del dinero diario que recibía.

Tercer hecho
Del mismo modo que las víctimas anteriores, una tercera ciudadana colombiana fue contactada por la imputada vía telefónica en el mes de septiembre, tramitando el pasaporte y pagando los pasajes desde Turba, Colombia con destino a Punta Arenas, al igual que las anteriores vía terrestre a Santiago y vía aérea a Punta Arenas, viaje que tenía una duración de cuatro días. Al llegar al domicilio de la imputada, la tercera joven víctima debía pagar un porcentaje de lo que ganaba en el comercio sexual a la imputada. Todo estos ilícitos -se indicó en la audiencia- fue en cooperación con las imputadas de nacionalidad chilena Daniela Vega Uribe y Katherine Sepúlveda Carrasco, esta última quien le arrienda el domicilio de calle Boliviana, en pleno conocimiento que la imputada de manera clandestina ha destinado al comercio sexual y el ingreso de las ciudadanas colombianas al país, esto por mantener otro clandestino en calle Mejicana, lugar donde la imputada Córdova Correa trabajó el año 2015 en el comercio sexual. En relación a Vega Uribe, se indicó que también trabaja en el comercio sexual y ha colaborado con la imputada colombiana luego de realizar dos contratos de trabajo, uno en el mes de mayo y otro en junio de este año, donde se manifiesta falsamente que Luz Córdova Correa trabaja en labores de casa de Daniela Vega Uribe, documento presentado a la Gobernación de Magallanes, donde se le otorgó el permiso para trabajar como asesora del hogar. Además, la imputada Vega Uribe colaboró en la obtención de los pasajes y la tramitación del pasaporte.

Formalizadas
Con estos antecedentes, la fiscal Wendoline Acuña formalizó a las imputadas por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual como autora a la imputada Luz Córdova Correa, mientras que las otras dos imputadas chilenas como cómplices por el hecho que fue denunciado por la primera víctima.
En relación al segundo y tercer hecho, se les formalizó por facilitar el ingreso al país para ejercer la prostitución en carácter de reiterado a las tres imputadas como autoras.
Otro delito que se suma es la falsificación de instrumento privado a las imputadas Daniela Vega Uribe y Luz Córdova Correa por el contrato de trabajo, así lo indicó la fiscal del caso, Wendoline Acuña: “Se les formalizó por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y promoción y facilitar el ingreso al país para ejercer la prostitución, además de falsificación de instrumento privado. En total son tres víctimas, según lo que hasta ahora hemos desarrollado. La primera víctima indicó que fue engañada y que estando en nuestro país se trataba de prostitución. La denuncia de ella gatilló todas las diligencias que se realizó con la policía hasta hoy. Todos los contactos los realizó la imputada a través de familiares y se hacía cargo de todos los gastos para que estas mujeres ejerzan la prostitución. Las víctimas ahora están protegidas, mientras que la primera se encuentra en su país. En relación a estos delitos, en el caso de la trata de personas tiene penas de los cinco años y un día a los veinte, mientras que la facilitación a la prostitución de los tres años y un día a los cinco años de presidio, sin embargo, este es un delito reiterado”.
Con estos antecedentes se solicitó la prisión preventiva para las tres imputadas, petición a la que se adhirió el abogado del Servicio Nacional de la Mujer, Ramón Ibáñez. Sin embargo, y ante la oposición del abogado defensor Pablo Santander, el juez Pablo Miño accedió a la medida privativa de libertad de la ciudadana extranjera por representar su libertad un peligro para la seguridad de la socidad y peligro de fuga, mientras que para las otras dos imputadas, por no mantener antecedentes y en su calidad de cómplices quedaron con la medida de arresto domiciliario nocturno y arraigo regional por el plazo de cinco meses que se fijaron para el cierre de la investigación.

Declaración de la víctima
De acuerdo a la declaración de la primera víctima, de 21 años, que se dio a conocer en la audiencia de ayer, la joven madre señaló que “en el mes de junio llegó a mi domicilio una conocida que me dijo que tenía una hermana que estaba en Chile y que tenía un trabajo, y que se ganaba dinero y como es conocida de mi madre, al ver que generaba buenos ingresos en relación a mi hija de cuatro años, confié, porque es de una familia conocida. Me dijo que me iba a pagar todo, incluso el pasaporte. Me demoré alrededor de dos días en llegar a Chile, entré por Arica y no tuve problemas. En Santiago el 8 de julio viajé en avión, llegando a las 11 de la mañana. Llegué al domicilio donde me pasaron una habitación y nunca me di cuenta a qué venía, pensando que iba a trabajar en un almacén. Al día siguiente llegó un taxi que me llevó a una casa de calle Boliviana donde habían puras mujeres colombianas, que me di cuenta que eran prostitutas. Estuve dos días conociendo cómo esas chicas se presentaban a los hombres, y me dijo que mi trabajo era estar con hombres en la habitación, dándome los precios para tener sexo. Le dije que no era prostituta, pero me dijo que tenía que pagarle los pasajes y la deuda de los trámites y le dije que no le iba a pagar de esa manera. Al día siguiente estaba durmiendo y entró ella y me dijo que tenía que trabajar, ante lo que me opuse, y le dio rabia, pidiéndome el pasaporte y que me iba a denunciar como una delincuente que traficaba droga y que iba a quedar indocumentada. Me golpeó, y me amenazaron que me iban a cortar la cara si seguía haciendo ruido. Estuve todo el día encerada en el dormitorio y no recibí dinero de esta mujer, estaba asustada, pensé que iba a trabajar en otra cosa. El 12 de julio salí huyendo, tomé un taxi, a quien le conté lo que me pasaba y me llevó a un hotel y luego de estar muy asustada en la mañana llegué a la policía, donde le dije que lo único que quería era volverme a mi país”.

Imputada colombiana
En la audiencia, la imputada extranjera Luz Córdova Correa entregó su versión de los hechos ante el juez, señalando que “nunca la maltraté, en ningún momento le dije a ella que se venga engañada. Ella se contactó con mi familia en Colombia, allá le prestaron plata para que viaje. Ese día me metí para que no peleara con otra niña que estaba en la casa, de ahí ella por su propio medio decidió tomar sus cosas e irse. Nunca le dije que venga a trabajar a un almacén, ella sabía a lo que venía, nadie la engañó. No niego en que he traído mujeres, pero para ayudarlas a salir adelante y sacar a sus familias, y todas las que han venido es porque quieren y no hago ninguna trata de personas”
Otra de las imputadas, Katherine Sepúlveda Carrasco, a la salida del tribunal negó conocer las actividades que se realizaban en el inmueble que arrendaba. “Nunca entré a esa casa, la arrendé pero para lo que la ocupen no es problema mío, solamente conocía a la arrendataria”.