El contralor Jorge Bermúdez aseguró que las responsabilidades administrativas en el millonario fraude en Carabineros están prescritas.
Bermúdez explicó que “hay que decir una cosa muy importante respecto de Carabineros y respecto de las facultades que tiene la Contraloría. Normalmente la responsabilidad administrativa de un funcionario prescribe en cuatro años. En el caso de Carabineros de Chile -porque está establecido así en una norma antigua- prescribe en seis meses”.
“Si usted me está hablando de responsabilidad administrativa de hechos que ocurrieron el año 2015, hay que decir derechamente que eso está prescrito, y es porque está así en una norma. Por lo tanto, lo que hay que hacer ahí es modificar esa norma, porque es un plazo demasiado breve”, agregó.
La investigación se conoció el lunes de la semana pasada, luego que Carabineros anunciara la remoción de nueve carabineros involucrados, cifra que ha aumentado con el paso de los días. De acuerdo a los antecedentes del caso, entre 2010 y 2015 un grupo de uniformados traspasó dineros desde una cuenta de la institución hacia cuentas bancarias personales de distintos carabineros. Los receptores de los dineros devolvían una parte de los fondos, repartían otra y se quedaban con cerca del 10%.
Frente a esta investigación, Bermúdez destacó que “la Contraloría tiene un rol muy relevante. En primer lugar, hemos venido haciendo mucha actividad auditora en Carabineros de Chile. En este momento, hemos formado un equipo multidisciplinario para trabajar en conjunto con el Ministerio Público y poder llevar adelante de manera más eficaz esta investigación que se está realizando”.

Querella del CDE
En tanto, el martes el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas por los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos contra 17 funcionarios y ex funcionarios de Carabineros.
La acción se da en medio del caso de fraude que se destapó en la institución y también va dirigida contra quienes resulten responsables de dichos ilícitos.
En la querella del CDE, de 17 páginas, se señala que una organización en que los carabineros participantes cumplían diversos roles para lograr el desvío de fondos públicos, por un monto que hasta ahora alcanza los $8 mil millones. Tres ex oficiales que actuaban como coordinadores y al menos 14 otros efectivos que facilitaron la acción.
La acción -dada a conocer en parte por La Tercera- identifica como coordinadores del proceso al los coroneles Jaime Paz Meneses, Héctor Nail Bravo y Róbinson Carvajal Leiva, quienes trabajaban en diversos departamentos de la Dirección de Finanzas de Carabineros.
A continuación, el escrito del CDE identifica a un grupo que “concertadamente con los anteriores querellados actúan facilitando sus cuentas corrientes y efectuando los retiros y traspaso en efectivo de dineros desviados a los primeros”, entre los que la querella indica a Pedro Valenzuela, Mauricio Saldaña, Ramiro Martínez, Nelson Valenzuela, Sergio Collao, Carlos Rojas, Francisco Estrada, Juan Pablo Muñoz, Víctor Manuel Escobar, Juan Hernán Moraga, Claudio Venegas, Patricio Morales y César Fernández.
“En el mes de noviembre del año 2016, uno de esos abonos a cuentas particulares proveniente de la cuenta fiscal llamó la atención de una entidad bancaria, la que consideró dicho movimiento como ‘operación sospechosa’ conforme a las normas contenidas en la ley número 19.913 sobre lavado de activos, por lo que dio aviso a la Unidad de Análisis Financiero”, se señala en el texto.
“En los hechos los caudales estuvieron en tres patrimonios: el patrimonio fiscal de origen (cuenta corriente de Carabineros), del cual son sustraídos; el patrimonio de paso (cuenta corriente particular del facilitador desde donde son girados en efectivo) y -salvo el monto de ‘comisión’ que quedaba al facilitador- el patrimonio final de los ex oficiales que manejaban y coordinaban el flujo de la sustracción y se beneficiaban de los delitos y transferencias”, dice la querella.
Sobre Paz, Nail y Carvajal, el documento indica que “son estos mismos querellados quienes reclutan a los facilitadores, tienen control administrativo de la Dirección y sus secciones e, incluso, frente a la sospecha de un banco, uno de ellos llama directamente a fin de evitar la denuncia”.
Y entre las peticiones, el CDE solicita la intervención de la PDI en la indagatoria, pidiendo que “se ordene a la Brigada Investigadora de Lavado de Activos practicar todas las diligencias necesarias para determinar el destino final de los fondos públicos sustraídos, en especial la ubicación de los bienes adquiridos por éstos, a fin de ejercer las cautelares reales y acciones de orden civil para resarcir el patrimonio fiscal”.