Nuevamente somos testigos de un paso histórico impulsado por el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet en el ámbito de la educación.

Tras un profundo debate en el Congreso se aprobó esta semana el nuevo sistema de educación pública que nos permitirá recuperar a nuestras escuelas y liceos públicos como los baluartes de calidad y oportunidades que ya habían sido en el pasado.

Hoy las escuelas y liceos públicos dependen de los municipios a lo largo del país y sabemos que las experiencias han sido en su mayoría complejas -por múltiples razones- afectando el rol social de la educación y la formación de nuestros niños y jóvenes más vulnerables.

Con la aprobación de esta ley podemos mirar con más optimismo el futuro, pues se crea un sistema que reemplazará, gradualmente en los próximos ocho años, a la actual forma de administrar nuestras escuelas y liceos teniendo como protagonista un organismo público, técnico, social y políticamente preparado, dedicado exclusivamente a velar por la calidad de los contenidos pedagógicos y los aprendizajes significativos generando las acciones y condiciones para a que nada le falte a los profesores y alumnos en su proceso de enseñanza-aprendizaje.

Se trata de una parte de la reforma a la educación que ha impulsado el Gobierno como sello de su gestión y que se suma a un enorme desafío de país que busca generar las condiciones para que todos y cada uno de los ciudadano puedan a través del conocimiento, la creatividad y los sueños lograr sus justos anhelos de una vida digna a partir del saber, así esta iniciativa se suma por ejemplo, a la ley de inclusión que avanza en la gratuidad al eliminar el copago y la iniciativa que termina con la selección para matricularse en un establecimiento educacional.

La ley de nueva educación pública, a diferencia de la actual administración municipal, garantizará horizontes de desarrollo de largo plazo con foco en las escuelas y comunidades educativas; responsables claros y una activa rendición de cuentas, tanto local como nacional; mayores capacidades en todo el sistema, distribuidas equitativamente en todo el territorio; y una gestión educacional protegida de la influencia de los ciclos político-electorales.

Porque si la educación recibe aportes del Estado, y es concebida como un derecho, debe ser gratuita para todos y de la mejor calidad.