El más duro, sin duda, fue el seremi de Economía, Christian García, precisamente, uno de los cinco secretarios ministeriales que en enero votó a favor de aprobar el uso de tronaduras para Mina Invierno, incluso, en contra de lo que su propio partido había instruido.

Para la autoridad regional, sin embargo, el actuar de Mina Invierno en las últimas semanas, al anunciar públicamente el cierre de la empresa en dos años si no se aprueba el uso de tronaduras, resulta inaceptable. “Las empresas tienen que cumplir lo dispuesto por el Estado. Si no lo cumplen, ellos no le pueden echar la culpa a las autoridades cuando ellos van a generar desempleo.

La generación de desempleo de la que están amenazando Mina Invierno es sólo responsabilidad de Mina Invierno. Si ellos hicieron un mal proyecto, no constituyeron bien su estudio o no evaluaron bien el proyecto, es una responsabilidad de los diferentes ejecutivos y constituye una presión indebida. Y una cosa más, el narcotráfico también genera un montón de empleo y no por eso el Estado deja de combatirlo”.

El intendente, Jorge Flies, el voto decisivo aquella tarde del 10 de enero, declaró, a su vez: “Uno sigue el procedimiento que la ley ha estipulado.

Es necesario recordar que se tuvo que hacer una revaluación de los informes por orden de la Corte Suprema para incorporar el diálogo ciudadano y hubo observaciones que hasta el último momento estaban presentes, donde las propuestas de la empresa aunque fueran factibles, a la vista de la comisión y de quien habla, no eran suficientes sobre todo por la historia que tenemos con Mina Invierno, tanto por la propuesta inicial que iba sin tronaduras, como en los procesos ambientales que hemos llevado con esta empresa, aunque reconozco que desde el punto de vista estructural han actuado bien”.

Flies agregó que “Aquí no estábamos evaluando el trabajo de las personas, sino la petición de un cambio sustantivo en lo ambiental como son las tronaduras. El que pongan por delante el trabajo de las personas es una presión pública indebida”, agregó.

Finalmente, el seremi de Medio Ambiente, Juan Marcos Enríquez, expresó que “tenemos tranquilidad en cuanto a lo obrado. Todos los seremis que votaron en contra dieron una argumentación legal que está dentro de lo que la ley nos faculta”.

Declaró que la Comisión de Evaluación Ambiental del Gobierno Regional es un ente técnico pero con un componente político que opera “cuando se lo permiten diversos instrumentos de planificación que llevan a evaluar la integridad del proceso”.

Según explicó: “lo que hace el Sistema de Evaluación Ambiental es recibir la opinión particular y específica que cada servicio tiene un sentido dentro de ésta cosmovisión general y estamos facultados para cuestionar los informes técnicos anteriores por varias razones: ya sea por falta de información o porque hay que complementar información”.

En este caso, la objeción parte del hecho que, a su juicio, “La mayoría de nosotros planteamos que hay dudas que hacen necesario realizar un estudio de impacto ambiental en vez de una declaración y en eso fundamentamos el artículo 11, letra f, y eso está dentro de lo que la ley nos faculta y permite, especialmente, haciendo labores preventivas”.

Según detalló, el registro paleontológico del área es único para discernir elementos a futuro como el enfriamiento de la Tierra. “La línea base original de Mina Invierno es bastante mala lo que no nos permite orientar el registro paleontológico, tanto es así que el 50% del registro paleontológico que se ha descubierto hoy es reciente y está asociado a la exploración de la empresa.

Estamos encontrando cada vez más un mayor recurso que no fue declarado en la línea base original y, por lo tanto, tenemos que tomar ciertos resguardos. En cierto momento hubo un derrumbe en la mina que llevó a pérdida de nuestro registro paleontológico en el área y por lo tanto existiendo dudas la ley nos faculta a ser preventivos”.