Una indicación al proyecto de ley que establece un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional, firmó en la jornada de ayer lunes el Presidente de la República, Sebastián Piñera, derogando la Ley Reservada del Cobre y “modernizando” la forma en que se produce el financiamiento.

Con estas modificaciones, el Mandatario buscar sacar adelante un proyecto presentado en su primer gobierno (en mayo del 2011), el cual “buscaba cambiar lo que se ha denominado la Ley Reservada del Cobre”. Iniciativa que en su momento fue aprobado por la Cámara de Diputados y se encuentra hoy en segundo trámite en el Senado.

“Vamos hoy a presentar una indicación que, manteniendo la columna vertebral del proyecto original, mejora, perfecciona, adecúa y moderniza el proyecto de ley para que cumpla de mejor forma ese doble objetivo que queremos lograr con el financiamiento de nuestras Fuerzas Armadas”, apuntó Piñera, destacando que la defensa nacional es un asunto de “Estado”.

A su juicio, “este es un deber primordial del Estado, el dotar a nuestras Fuerzas Armadas de los recursos necesarios para cumplir”. Con ello, el Mandatario recordó que hoy se financia el gasto ordinario a través del presupuesto anual (salarios, entrenamientos y operaciones, entre otras), a la vez que existe un segundo mecanismo por Ley Reservada del Cobre que “financia las adquisiciones destinadas a mantener las necesarias capacidades estratégicas”, siendo este último el cual esperan reformar.

Modificaciones

Asimismo, el Presidente Piñera recordó que “sólo en diciembre del año 2016, después de casi 60 años de existencia, esta ley junto con sus modificaciones dejó de ser una ley secreta. La necesidad de reemplazar esta ley, reformar el sistema de financiamiento estratégico de nuestras Fuerzas Armadas ha estado presente en el debate público desde hace décadas”.

Entre los recursos contemplados para esto, Piñera apuntó que van a destinar 2.600 millones de dólares, provenientes de los saldos de la actual Ley Reservada del Cobre a financiar ese presupuesto a cuatro años. A ello se sumará, si así se lo estima necesario, que la Ley de Presupuesto pueda contemplar recursos adicionales para complementar ese fondo.

Junto a esto, el Mandatario planteó la necesidad de un piso mínimo garantizado, el cual será “el 70% del monto promedio de los gastos en operación y sostenimiento, así como en inversiones en material bélico del periodo comprendido entre el 2010 y el año 2017”.

Oposición

Sin ahondar en el fondo del proyecto, el timonel del PS, Álvaro Elizalde, manifestó que “nos parece que es positiva, porque permite avanzar en una demanda sentida de nuestro mundo, del mundo democrático, en términos de que todo el financiamiento de las instituciones públicas debe discutirse en el Congreso Nacional. De esa manera, se avanza en transparencia, en control democrático y se evita que Codelco cargue una pesada mochila”.