En julio se encendieron las alarmas. Las negociaciones por el Pacto Migratorio de la ONU ya llevaban un par de meses y Chile seguía de cerca cada parte del proceso. Pero ya tras la última reunión de los países integrantes en Nueva York, se pudieron constatar varios puntos que iban a ser presentados en la cumbre de Marruecos que preocuparon al Gobierno.

Según informa El Mercurio, en aquel mes se apreciaron diferencias entre migración regular e irregular; la falta de detalles sobre los derechos de estados; la petición de apoyo financiero y jurídico a los migrantes retornados; entre otras cosas. Finalmente, y a última hora, La Moneda decidió restarse.

“Nos enteramos al bajar del avión de regreso a Chile. Fue absolutamente inesperado y sorpresivo, pues todos los antecedentes que conocíamos era que Chile estaba alineado armónicamente con el pacto”, explicó a dicho medio la diputada PPD Andrea Parra, quien hace unos días se encontraba en Marrakech para manifestar su apoyo al pacto. De acuerdo al medio citado, al interior del Gobierno hubo dos voces en conflicto: por un lado Cancillería se apoyaba en el Derecho Internacional, apuntando a aprobar el pacto ya que “este no tendría grandes efectos en la política chilena”.

En tanto, en Interior preocupaba que la aprobación pudiera jugar en contra de la política migratoria implementada al interior de país. Y si bien en un principio se acordó aceptar ser parte, pero con varios reparos, el embajador ante la ONU, Milenko Skoknic –que hoy descartó cualquier tipo de desacato-, entró al debate tras revisar un discurso, hasta ese entonces considerado intocable, que debía ser leído en la cumbre de la ONU.

Asimismo, Chile continúa vinculado en materia internacional en las últimas horas, comunicándose a través de un comunicado el Gobierno rechazó a la decisión de Nicaragua de cancelar la personalidad jurídica a organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de la libertad y de los derechos humanos. “Esta medida, inexplicable e indefendible, nos causa extrema preocupación y ha originado desde ya una amplia condena de la comunidad internacional”, dice el documento del el ministerio de Relaciones Exteriores.

Junto a lo anterior, se señala que se “insta al Gobierno de Nicaragua a dejar sin efecto estas medidas que claramente contravienen todos los instrumentos regionales y universales en materia de libre expresión y cautela de los derechos humanos”.

Por último, se hace un llamado a solucionar “la grave crisis” por la que atraviesa dicho país a través de un diálogo amplio y sin exclusiones con participación de todos los sectores de la sociedad nicaragüense. En la misma línea ayer la alta representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini, también criticó la resolución, asegurando que marca “un paso más contra el Estado de Derecho, las libertades civiles y el respeto por los derechos humanos”.

Y añadió que “es la responsabilidad de las autoridades garantizar y proteger una sociedad civil vibrante y una prensa libre. Son pilares esenciales de la democracia y silenciarlas contrarresta la creación de condiciones para la reconciliación”.