Los viejos medidores y su recambio por los llamados “inteligentes” se tomaron la agenda nacional y las declaraciones de todos, o más bien, de casi todos.

A la “letra chica” denunciada por algunos legisladores que sin querer terminaron votando la aprobación del recambio de los aparatos medidores del consumo eléctrico domiciliario por otros mucho más eficientes (al menos eso dijeron), a costas de los consumidores, se vino la crítica ciudadana transversal que obligó a las autoridades a salir rápidamente al paso con explicaciones poco claras, que casi al término de la semana fueron entregando algunas luces de cómo seguiría esta suerte de “Pasapalabra” de la energía.

Es preciso consignar que, fue el malestar popular y algún tweet perdido en la red los que sacaron a la luz (pública) el golazo de media cancha que estaba a punto de poner a los usuarios en clara desventaja frente a un grande como las empresas de energía eléctrica.

Para contextualizar. La cosa partió no ayer, sino hace un poco más, durante el gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet, cuando el Congreso aprobó, en febrero de 2018, modificar la Ley General de Servicios Eléctricos para imponer a la empresa distribuidora de energía la obligación de solventar el retiro y reposición del empalme y medidor en caso de inutilización de las instalaciones por fuerza mayor (Ley 21.076).

El espíritu del proyecto de 2015, tenía relación con cargar a cuenta de las empresas el gasto de una reposición en medidores o empalmes dañados a causa de catástrofes naturales, como el terremoto de 2010.

De alguna manera, la cosa giró en que, serían los usuarios los que deberían solventar ese gasto. Así sin más.

Para que se entienda mejor, el medidor, hoy, es financiado por el cliente ya sea comprado o arrendado, pero, a partir de ahora, o hasta ahora, la responsabilidad será de la empresa distribuidora de electricidad. Ellas pagarán los medidores, pero, el costo lo traspasarán a los clientes en la boleta en cuotas que no deberían superar los $ 200 mensuales aproximadamente.

Frente a la injusticia, en Magallanes, los parlamentarios adoptaron una actitud por lo menos tibia.

Dado los antecedentes relacionados a la sensibilidad que provoca todo lo relacionado con alzas de tarifas en energía en esta parte del país, se pensó que, los legisladores magallánicos saldrían con todo a defender a los usuarios.

Eso no ocurrió, o solo pasó a medias. Recién cuando desde el Ministerio de Energía aportaron una posible solución, comenzaron a llover los comunicados de prensa por parte de los congresistas.

Quien sí tuvo mejores reflejos, fue el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, al presentar rápidamente una solicitud en Contraloría para declarar ilegal el decreto que generaría el cobro de medidores.

En este sentido, el jefe comunal no tuvo problema en declarar que “es un problema nacional. Una mala ley ha provocado que los costos de la luz aumenten para todos nuestros vecinos”.

“Cuando nos cobran la luz, cobran los costos involucrados en el sistema. Y ahora, por esta ley mal hecha, también se cobran los medidores, que finalmente son pagados por nosotros. Por tanto, amparándonos en la Ley 21.076, estamos buscando que no haya un doble cobro, ya que si bien es cierto habrá un costo extra, las empresas lo están asumiendo como propio, para que se aumenten las tarifas y finalmente sea el consumidor el que pague. Aquí somos todos perjudicados, aquí no hay nadie que tenga un privilegio distinto”, manifestó el alcalde puntarenense.

En cuanto a los representantes en el Parlamento, no solo se vio la ausencia de acciones más concretas en defensa de los usuarios, sino que, además, al momento de escuchar algunas declaraciones, se observó también que había poca claridad sobre los hechos. Y si no saben ellos, que les queda a los ciudadanos.

Porque, otra cosa es salir empoderado frente a las cámaras solo después de que el temporal pasó.

Desde proyectos de ley que buscan establecer la voluntariedad en la renovación de los medidores, pasando por la creación de comisiones investigadoras y manifestaciones de preocupación, hasta oportunas arengas para la foto o lanzamiento de afirmaciones incendiarias más bien pensadas en generar una suerte de pánico colectivo acudiendo a una posible alza en el precio de las tarifas del gas como estrategia mediática, que de presentar soluciones efectivas concretas a corto plazo.

En respuesta a esto último, en la capital regional, el propio subsecretario de Energía, Ricardo Irarrázabal descartó el pasado jueves esta posibilidad. “De manera clara y categórica quiero asegurar a los habitantes de Magallanes que la tarifa del gas no sufrirá alzas, tal como lo ha comprometido el Presidente Sebastián Piñera”, dijo el personero.

Entre las vías de solución propuestas desde el Gobierno, están que las compañías compren los medidores a los usuarios o paguen por su retiro, además de transparencia en las tarifas, simulación de costos en boleta, ampliación en menú de tarifas, elaboración de protocolo que regule el proceso de recambio y mayor fiscalización entre otras medidas anunciadas desde el Ministerio de Energía.

Probablemente el debate en busca de soluciones pertinentes continuará durante las próximas semanas, pero quedará la sensación en el éter que, frente a este tipo de situaciones donde los afectados son usuarios y consumidores (los legisladores también lo son), deberán encomendarse al cielo y acudir a las redes sociales para lograr generar alguna reacción a su favor.